El Ministerio de Economía formalizó la inclusión de un proyecto de expansión minera de Rio Tinto en el régimen de incentivos, con una inversión inicial de u$s251 millones y un compromiso de compra local del 60%.
El Ministerio de Economía ratificó este lunes el ingreso de un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con la aprobación de la solicitud de Minera del Altiplano, subsidiaria de la angloaustraliana Rio Tinto, por un monto de u$s251 millones. La inversión, formalizada mediante la Resolución 431/2026, forma parte de un desembolso total previsto de u$s530 millones anunciado a fines de marzo por el ministro Luis Caputo.
El proyecto, denominado «Expansión Fase 1B» del yacimiento Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), permitirá sumar 9.500 toneladas anuales de carbonato de litio a la producción actual. Este mineral es considerado clave para la transición energética global, especialmente en la fabricación de baterías.
Con la firma de la resolución, la empresa accede oficialmente a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrece el RIGI por un plazo de 30 años. El dictamen técnico confirmó que la propuesta supera los umbrales mínimos de inversión y se encuadra en los objetivos de la Ley 27.742.
Un punto destacado de la aprobación es el compromiso de compra local: la minera deberá destinar al menos el 60% de su inversión a proveedores de bienes y servicios argentinos. Según lo informado por el Palacio de Hacienda, el proyecto generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y mantendrá 504 empleos en la fase operativa, impactando en la economía de la región noroeste, específicamente en Antofagasta de la Sierra.
Se estima que la nueva capacidad productiva aportará aproximadamente u$s165 millones anuales en exportaciones. Además, la empresa implementará tecnologías para optimizar el uso de recursos hídricos, alineándose con estándares internacionales de sostenibilidad.
Este proyecto se suma a una cartera de 13 iniciativas aprobadas bajo el RIGI, con compromisos de inversión que superan los u$s28.000 millones en los sectores de minería y energía.