La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no reconoce la actualización por inflación de los quebrantos impositivos anteriores a 2025, considerándolos deuda tributaria. Empresas afectadas, incluidas algunas con proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), resisten el criterio oficial y advierten sobre el impacto en las inversiones.
Mientras el Gobierno nacional busca captar más obras y empleos en sectores como minería y energía extendiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene una medida que impide a varias empresas actualizar por inflación los saldos a favor del impuesto a las Ganancias correspondientes a quebrantos impositivos de años anteriores.
Según un dictamen emitido a fines de 2024, ARCA no reconoce los ajustes por variaciones inflacionarias que realizaron las empresas sobre esos quebrantos. Considera que las diferencias generadas hasta ese año constituyen «deudas tributarias» que deben ser regularizadas. Para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2025, la ley de modernización laboral establece que los quebrantos generados desde esa fecha sí se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
ARCA, conducida por Andrés Vázquez, tiene abiertos planes de pago para regularizar la situación de años anteriores. Sin embargo, representantes legales de las medianas y grandes empresas afectadas rechazan la interpretación oficial. Advirtieron que el monto total reclamado ronda los u$s 5.000 millones, fondos que, de pagarse, no se destinarían a las obras e inversiones comprometidas.
La normativa vigente permite a una empresa que cierra un ejercicio con pérdidas trasladar ese quebranto a balances futuros para compensarlo con ganancias. Al liquidar Ganancias, muchas empresas actualizaron sus quebrantos con la inflación de 2023 (211%) y 2024 (118%). ARCA no convalidó estos ajustes en compañías de diversos sectores, desde alimentos hasta servicios públicos, y avanzó con inspecciones integrales a aquellas que utilizaron la inflación como parámetro, contrario al criterio oficial que exige mantener los montos sin cambios.
La no actualización de quebrantos anteriores a 2025 es uno de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le plantea al Gobierno desde hace meses. A fines del año pasado, en una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».
Frente a las intimaciones de ARCA para cancelar las «deudas tributarias», solo YPF y Pampa Energía aceptaron el criterio oficial y saldaron el reclamo mediante planes de pago. La mayoría de las empresas optó por resistir con reclamos administrativos y judiciales.
Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), controlada por las familias Cavallo y Brandi, con negocios en petróleo, gas y energías renovables. Su reclamo contra la posición de ARCA está en el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo que debe resolver esta cuestión clave, seguida de cerca por otras empresas energéticas en la misma situación y con proyectos bajo el RIGI.
PCR es la segunda generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos con una capacidad total de 530 MW y tiene en desarrollo dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis. A mediados de marzo, la empresa obtuvo un crédito de u$s 110 millones de la IFC (brazo financiero del Banco Mundial) y otras entidades para construir el «Parque Eólico Olavarría», que demandará una inversión total de u$s 257 millones. Este parque, que proveerá energía renovable a ArcelorMittal Acindar, integra la lista de proyectos RIGI aprobados por las autoridades económicas, mientras la inversora enfrenta el reclamo de ARCA.
En cuanto al RIGI, hasta el momento se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados, que se desarrollarán principalmente en provincias como Neuquén y Río Negro.