El presidente Javier Milei inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Durante su discurso, las referencias a la justicia se concentraron en los plazos de los procesos penales y de aquellas causas que tramitan en el fuero federal. Aseguró que a fin de año el sistema procesal acusatorio estará implementado en casi todo el país. Desde la Procuración General recuerdan la “necesidad imperiosa de cubrir cargos” y mejorar los recursos económicos. El gobierno analiza designar a más fiscales.
El gobierno de La Libertad Avanza cumplió dos años sin designar a ni un solo juez, ni fiscales, como tampoco defensores oficiales. En el Ministerio de Justicia que por ahora conduce Mariano Cúneo Libarona hay acumulados 313 pliegos para los cargos vacantes.
Cuando inició la administración libertaria se retiraron del Senado 200 pliegos que habían sido presentados al final del gobierno de Alberto Fernández. El número se incrementó porque el Consejo de la Magistratura continuó con los concursos y confección de ternas que, posteriormente, se remiten al Poder Ejecutivo.
Ese ciclo que no se detuvo incrementó la cantidad de pliegos acumulados a 313. El presidente Milei no le puso fecha al envío de los mismos al Senado.
Sin embargo, hizo referencia a la decisión de transformar la justicia. Habló de un “Poder Judicial eficaz, ágil, republicano, democrático y justo”. Con esta última expresión apuntó contra la cantidad de años que acumulan algunos procesos.
Para revertir las estadísticas que exponen debates orales que demoran diez años, o investigaciones que en etapa de instrucción suman años sin resoluciones, el Jefe de Estado anunció que hacia finales de año, el sistema acusatorio estará implementado en casi todo el país.
Se trata del nuevo Código Procesal Penal donde los fiscales -que dependen de la Procuración General de la Nación-, tendrán mayor protagonismo. Serán los responsables de la investigación hasta la instancia de acusación y desarrollo del debate oral y público. El sistema tiene la celeridad como premisa, para lo cual todo se llevará a cabo de forma oral.
Pero el anuncio encendió algunas luces de alerta dentro del Ministerio Público Fiscal, que transita una crisis sin precedentes: se estima que este año y al ritmo de cargos sin cubrir, las vacantes podrían superar el 46%.
Hoy, de los 367 cargos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 172 se encuentran vacantes. Según números oficiales, hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo sin ser remitidas al Congreso hace más de un año y medio.
En medio de ese dato estadístico, el Gobierno considera que está en condiciones de implementar en abril el sistema acusatorio en Comodoro Py, el fuero donde tramitan casos complejos y de impacto social como político.
Respecto del acusatorio, “es una política pública que se viene acompañando desde la primera implementación en el 2019. Y se va a seguir acompañando”, indicaron fuentes judiciales. Pero advirtieron que es “necesario que se tome conciencia de la necesidad imperiosa de recursos humanos, materiales y tecnológicos porque de otra manera puede llevar el sistema al fracaso”.
La extrema falta de fiscales no es el único desafío del ministerio público. Economía presupuestó un 26,6% menos de lo que había pedido la Procuración. “Se viene con presupuestos prorrogados pero siempre con estimaciones que rondan entre el 26 y 30 por ciento menos de lo requerido año tras año, y eso repercute en infraestructura, en inversiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del MPF”, explicó una fuente judicial.
Esa merma, según volcó el jefe de los fiscales en más de una nota enviada al Ministerio de Justicia, dificulta la “correcta implementación del sistema acusatorio”.
Para el año en curso, el Ministerio Público Fiscal requirió 815.000 millones de pesos, pero el Gobierno avaló una partida de 539.546 millones. En simultáneo, recuerdan en la Procuración, “el gobierno busca avanzar con el sistema acusatorio, donde los responsables de investigar serán los fiscales pero cada vez con menos recursos”.
Pese a que el Ministerio Público es el que debe decidir si hay elementos de prueba suficiente para dar inicio a una investigación, un 46,86% de las fiscalías está vacante. Fuentes de la Procuración General de la Nación, recuerdan que “la responsabilidad de designar fiscales, jueces y defensores oficiales es del Poder Ejecutivo”.
El año pasado, la Procuración había proyectado una necesidad de 614.000 millones de pesos para 2025, sin embargo, el Gobierno le aprobó solo 454.807 millones. El problema es que la cobertura de salarios demanda más de 400 mil millones de pesos. Eso aleja cualquier posibilidad de inversiones.
Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales señalaron que analizan las partidas presupuestarias para mejorar los números correspondientes al Ministerio Público Fiscal.
La Procuración entiende que la afectación no sólo es de recursos financieros, sino que sucederá de manera más integral, “si los cargos de fiscal no se cubren. En el viejo sistema había tres jueces por cada fiscal, ahora se necesitan más fiscales”.
Este mismo concepto fue retomado en la Casa Rosada: “es posible que se deban crear más cargos de fiscales”. Todos está bajo estudio.
Desde la Corte Suprema escucharon con atención el anuncio sobre la necesidad de cubrir los cargos vacantes. Sin fecha, el incremento de esos puestos, preocupa. “Todo repercute en la correcta administración de justicia”, señalaron fuentes judiciales.