El oficialismo busca consensuar un dictamen antes del plenario del miércoles que prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad. La renuncia de Alejandro Vilches como secretario de Discapacidad ocurre en medio de la discusión por los fondos del Presupuesto 2027.
La renuncia de Alejandro Vilches como secretario de Discapacidad se produjo en medio de la discusión interna por los fondos para el área en el Presupuesto 2027. La Libertad Avanza (LLA) busca que este hecho no se vincule con la negociación que lleva adelante en la Cámara de Diputados para consensuar un proyecto de ley sobre discapacidad de cara al miércoles.
Ese día, un plenario de comisiones deberá emitir dictámenes sobre dos iniciativas: una del arco opositor que prorroga la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 y otra que el oficialismo negocia con el PRO, la UCR y bloques provinciales, bajo la premisa de «pasar de la lógica de la emergencia a una lógica de ley permanente», según fuentes de LLA.
El ajuste en las partidas para discapacidad del Presupuesto 2027 generó tensiones en la negociación, ya que el proyecto original proponía derogar puntos principales de la ley vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. La medida tomó por sorpresa a legisladores del propio oficialismo.
El presidente de Diputados, Martín Menem, y otros legisladores reencauzaron el diálogo con la promesa a los aliados de modificar el proyecto presupuestario según el dictamen que se acuerde. La idea es ceder en parte del recorte planteado pero incluir un criterio más estricto para las pensiones. «Estamos cerca de un acuerdo», indicaron fuentes del bloque a iProfesional.
No obstante, el ruido generado por el Presupuesto llevó a Patricia Bullrich a criticar públicamente la desconexión entre la Casa Rosada y el Congreso, lo que abrió una discusión interna que involucra a distintas áreas, desde Salud hasta Economía. La renuncia de Vilches se enmarca en ese escenario.
Negociación en Diputados
Con la expectativa de llegar al miércoles con un proyecto consensuado que frene la iniciativa del peronismo, la izquierda y los diputados críticos del Gobierno, la bancada de LLA busca preservar la negociación en marcha. «La verdad es que el tema es indiferente a lo que estamos charlando con los aliados», señaló a iProfesional un integrante del bloque oficialista. «Estos días estamos a full con los teléfonos», agregaron desde el espacio libertario para dar cuenta de los contactos con los bloques dialoguistas.
Existe un principio de acuerdo para mantener el nomenclador y la actualización de las prestaciones, dos puntos reclamados por los aliados. «Es factible, vamos en ese sentido», confirmó otra fuente oficialista. El PRO y la UCR habían puesto como condición que también se normalicen los pagos atrasados a los prestadores, por lo que el proyecto incluiría un cronograma de pagos.
Este cambio representa una modificación respecto del proyecto de Presupuesto para 2027, que proponía eliminar la universalidad de los valores del nomenclador y desindexar la actualización de las prestaciones que financia el Estado. El oficialismo promete que lo acordado en el dictamen se incluirá en el Presupuesto. En la mesa política ya se decidió dar marcha atrás con el planteo original.
El proyecto original también establecía que el pago de las pensiones sería incompatible con un empleo formal. El oficialismo está dispuesto a flexibilizar este punto, pero quiere que el otorgamiento del beneficio tenga criterios más rigurosos y «que la pensión sea solo para el que realmente lo necesita y no para todos los que tengan el CUD (Certificado Único de Discapacidad)», según supo este medio. Es uno de los ítems que queda por destrabar en el diálogo con los aliados.
Argumentos del oficialismo
Lo que más le interesa a LLA es frenar la prórroga de la Ley de Emergencia que impulsa la oposición. En ese sentido, destacan el acuerdo con el PRO, la UCR y otros bloques respecto de la necesidad de cambiar el paradigma y establecer «la superioridad de una ley permanente sobre el régimen de emergencia».
«Las emergencias tienen una fecha final y si no hay renovación o se da después de la elaboración del presupuesto, no tiene recursos presupuestados en el cálculo anual de gastos», explicaron en LLA ante una consulta de iProfesional. Se trata de una idea que pretende cumplir con la máxima del presidente Javier Milei: la restricción presupuestaria debe respetarse.
Para defender esta postura en un tema de alta sensibilidad social, el oficialismo señala que es necesario sustituir instrumentos excepcionales o temporales por reglas de fondo aprobadas por el Congreso, que den mayor previsibilidad. En ese sentido, llevan al debate la premisa de que «las reformas estructurales necesarias para abandonar el subdesarrollo no deberían descansar en herramientas jurídicas de excepción» y que «sancionar una ley permanente procura devolver al Congreso un papel central en la definición de reglas generales», según informan en el bloque.
Con esos argumentos, LLA apuesta a lograr un acuerdo con los aliados para avanzar con un proyecto de ley propio sobre los fondos para discapacidad que se refleje en el Presupuesto 2027 y cerrar así una nueva disputa con la oposición por este tema, recurrente desde el inicio de la gestión de Javier Milei.