El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen al proyecto de Inocencia Fiscal, que establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para el ingreso de los llamados ‘dólares del colchón’. La Cámara alta prevé sancionar la ley el jueves 17 de septiembre, cinco días antes del vencimiento del impuesto fijado por ARCA para el 22 de septiembre.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen este miércoles al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que los contribuyentes puedan ingresar al sistema financiero los fondos no declarados, conocidos como «dólares del colchón».
El dictamen circuló durante todo el plenario y por la noche contaba con todas las firmas necesarias menos una, la del senador Flavio Fama (UCR), quien firmará este jueves, según se informó.
La Cámara alta daría sanción definitiva a la ley el próximo jueves 17 de septiembre, cinco días antes del nuevo vencimiento del impuesto fijado por ARCA para el 22 de septiembre. En ese lapso, la ley debe publicarse, el Poder Ejecutivo deberá emitir el decreto reglamentario y el organismo recaudador dictar las resoluciones operativas.
Durante el plenario, expusieron dos miembros de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), Martín Caranta y Juan Martín Jovanovich.
El senador oficialista y presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, pidió que «la ley sea aprobada por unanimidad, no solo con los votos de los aliados, sino con el consenso de los 72 senadores, para otorgar a los ciudadanos previsibilidad y confianza. El objetivo es asegurar que las reglas de juego no cambien en el futuro tras una elección», subrayó.
Cambios en el plazo del régimen
«El régimen para la utilización de los ahorros no declarados, conocidos popularmente como ‘dólares del colchón’, se plasmó en la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que se basa en la presunción de que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario», indicó Caranta, y comentó que «esta modificación le pone fecha de vencimiento».
«Anteriormente, la prensa catalogaba a este régimen como un ‘blanqueo permanente’ precisamente porque no contaba con una fecha de finalización. Para otorgar previsibilidad, el artículo 7 del proyecto toma nota de esto y establece el 31 de diciembre de 2027 como la fecha límite para que los contribuyentes puedan utilizar y bancarizar estos fondos», explicó.
«Este límite temporal es un plazo razonable y no demasiado generoso. Está pensado para que aquellos contribuyentes que están esperando la aprobación de los cambios por parte del Congreso tengan tiempo suficiente para depositar el dinero durante el segundo semestre de este año y el año siguiente», afirmó.
«Cabe destacar que el régimen comenzó el 2 de enero con la ley 27799 y, para el mes de junio, ya se habían adherido cerca de 400.000 contribuyentes», agregó.
«La contrapartida de la confianza que el Estado deposita en el contribuyente es la obligatoriedad de bancarizar el dinero. El régimen exige que los fondos se utilicen únicamente a través de canales y medios formales que estén reglamentados por el Banco Central o por la Comisión Nacional de Valores (CNV)», advirtió Caranta.
«El objetivo de fondo no es una recaudación inmediata, sino incentivar la buena conducta fiscal. Al obligar a que los fondos se usen en canales formales, cuando el contribuyente gaste ese dinero, el vendedor o prestador del servicio tendrá que facturar y cobrar formalmente. De esta forma, se cierra el circuito de la evasión que el país ha padecido durante décadas», enfatizó.
Presunción de exactitud sobre depósitos bancarios
«Para asegurar que los contribuyentes no tengan miedo de depositar sus dólares, el artículo 8 del proyecto incorpora el inciso g) a la Ley 11683 de Procedimiento Fiscal. Esto garantiza de forma explícita que los depósitos bancarios quedan excluidos de caer en la figura de ‘discrepancia significativa’ o ‘incremento patrimonial no justificado’, cerrando el sistema de manera coherente y brindando total protección a quien decide ingresar sus fondos al sistema», precisó Caranta.
«En el texto original, la exclusión de la presunción sobre incrementos patrimoniales no justificados (inciso f) era de carácter permanente. Sin embargo, el nuevo proyecto modifica esto y agrega una exclusión de la presunción relativa a depósitos bancarios depurados (inciso g), estableciendo que ambas exclusiones serán temporarias y aplicarán únicamente hasta el 31 de diciembre de 2027», aclaró Jovanovich.
«Esto impacta directamente en la problemática y las justificaciones al momento de realizar depósitos en cuentas bancarias», remarcó.
«Los contribuyentes que opten por la declaración simplificada deben canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para estos fondos bancarizados o canalizados, se establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, resultará aplicable la presunción de exactitud», puntualizó Jovanovich.
«Hasta esa misma fecha, los contribuyentes gozarán de la liberación de acciones judiciales frente a delitos tributarios, aduaneros y demás infracciones administrativas que pudieran corresponder», sumó.
«Como una novedad y beneficio específico de este régimen de declaración simplificada, se determinó que en el Impuesto a los Bienes Personales los fondos se consideran incorporados al patrimonio del contribuyente el mismo día en que se efectúa la operación», añadió.
Posturas en el Senado
El senador Abdala mencionó que «en el pasado, las verificaciones de bases de datos generaban deudas abultadísimas y casi impagables por determinaciones de oficio». Consideró que «la nueva ley corrige estas situaciones y establece un marco de seguridad jurídica necesario, incluyendo la fijación de una fecha cierta».
Asimismo, el senador de LLA señaló «una gran desigualdad en el sistema actual: existen más de 150 tributos, pero solo entre 10 y 12 de ellos representan el 90% de la recaudación. Además, un promedio de apenas 1.000 contribuyentes aporta el 80% de dicha recaudación». Por esta razón, concluyó afirmando que «el Congreso está en deuda y deben trabajar firmemente y con seriedad en una reforma tributaria».
Desde las provincias, el senador Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) se mostró en consonancia con los objetivos generales del proyecto, pero subrayó: «las provincias sufren una reducción en la coparticipación sin haber tenido voz ni intervención en la toma de esa decisión».
Con el dictamen emitido, el Gobierno buscará acelerar la sanción de la ley el próximo jueves 17 de septiembre. Los plazos para reglamentarla antes del vencimiento del 22 de este mes son exiguos.