El Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos vinculados con explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco de la Ley 26.659. La medida se suma a los 45 expedientes abiertos la semana pasada y a una denuncia penal contra cinco compañías.
El Gobierno nacional inició este martes procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, vinculados con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La medida amplía los expedientes abiertos la semana pasada contra otros 45 involucrados.
Según el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, los nuevos sumarios investigan presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece sanciones para quienes participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, incluida la zona de las Islas Malvinas.
El Ejecutivo sostuvo: «Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país».
Desde el Gobierno señalaron que la ampliación de los procedimientos es resultado de un proceso de identificación de los distintos actores vinculados con esas operaciones y anticiparon que continuarán abriendo nuevos sumarios.
La decisión forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei el jueves pasado en cadena nacional, con el objetivo de frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. El proyecto cuenta con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, permisos que la Argentina no reconoce.
Denuncia penal contra cinco compañías
El canciller Pablo Quirno presentó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según la denuncia, las empresas desarrollaron actividades amparadas en licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas.
«El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello», concluyó el comunicado oficial.
Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La ofensiva se complementa con otras iniciativas que el Gobierno definió tras una reunión de su mesa política. Entre ellas figura el envío a la Cámara de Diputados, previsto para la próxima semana, del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla tres ejes: endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra compañías y proveedores que operen sin autorización en las islas, con posibilidad de juicios en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder a amenazas de actores estatales y no estatales.
A estas medidas se suma el proyecto para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
La causa recayó en el juez Julián Ercolini
El sorteo realizado este martes en los tribunales federales de Comodoro Py determinó que la denuncia penal quede bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12. El expediente se inició a partir de una presentación del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La acción penal se basa en el presunto incumplimiento de la Ley 26.659 de Hidrocarburos, que establece que las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización de las autoridades argentinas. Las compañías contarían con permisos otorgados por el Reino Unido para tareas de exploración y/o explotación en la Cuenca Malvinas Norte, autorizaciones que el Ejecutivo no reconoce.
Qué establece la Ley 26.659
La norma impide realizar actividades relacionadas con hidrocarburos dentro de la Plataforma Continental Argentina sin habilitación emitida por las autoridades nacionales. La causa incorpora el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes.
«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional», expresó el Gobierno. La administración nacional anticipó que continuará impulsando investigaciones y medidas judiciales frente a actividades que considere contrarias a sus derechos soberanos.