Un informe presentado por el diputado Maximiliano Ferraro señala que Harbour Energy plc, integrante del consorcio que obtuvo adhesión al RIGI para un proyecto en Río Negro, mantiene una inhabilitación administrativa vigente desde 2013 por explotación en Malvinas sin autorización.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un informe en el que señaló que la petrolera británica Harbour Energy plc forma parte del consorcio que accedió a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La firma cuenta con una inhabilitación administrativa vigente dictada en 2013 por la Secretaría de Energía por actividades de exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.
La presentación se refiere al “Proyecto de Licuefacción de Gas Natural” en el Golfo de San Matías, provincia de Río Negro, gestionado por Southern Energy S.A., en la cual Harbour Energy posee el 15% de las acciones. Mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, el proyecto obtuvo la adhesión al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, lo que implica exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias por un período prolongado. El proyecto contempla un despliegue logístico en la Patagonia con la llegada mensual de buques para trasladar unos 3.500 tubos de cañería.
El informe del legislador incluye documentación del registro mercantil del Reino Unido (Companies House) para indicar que Harbour Energy plc es la misma persona jurídica que operaba como Premier Oil PLC (inscripta bajo el número SC234781), con un cambio de denominación social realizado el 31 de marzo de 2021. Según el documento, los puntos centrales son:
- Inhabilitación administrativa: En septiembre de 2013, la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, basada en la Ley 26.659, sancionó a Premier Oil PLC con una inhabilitación de 15 años por realizar exploración en la plataforma continental cercana a Malvinas sin permiso oficial. La sanción está vigente hasta 2028.
- Misma persona jurídica: El cambio de nombre comercial no genera una entidad nueva ni extingue las sanciones, por lo que la inhabilitación recae sobre Harbour Energy.
- Incompatibilidad con el RIGI: La Ley 26.659 establece que las prohibiciones alcanzan a operadoras, accionistas y controlantes, e impide al Estado nacional celebrar contratos o conceder beneficios a firmas sancionadas.
Ferraro solicitó explicaciones a los ministros de Economía y de Finanzas sobre los controles en la aprobación de la Resolución 559/2025. El diputado cuestionó una “doble vara” del Gobierno nacional, que por un lado anuncia acciones administrativas contra empresas petroleras en el Atlántico Sur y por otro otorga beneficios a un consorcio con una compañía sancionada.
El informe también menciona la presencia de Harbour Energy en otras operaciones en el país, como el control indirecto sobre el lote gasífero offshore Tauro-Sirius en la cuenca marina austral. El legislador pidió que la Autoridad de Aplicación revise la adhesión otorgada al proyecto en Río Negro y determine si corresponde revocar los incentivos o iniciar sumarios conforme a la normativa de soberanía hidrocarburífera.