El anuncio del presidente Javier Milei apunta a las compañías que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental argentina, incluyendo a proveedoras y entidades financieras vinculadas al proyecto Sea Lion.
El presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra las compañías que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental argentina. La medida apunta directamente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca Norte de Malvinas, y también a todas aquellas empresas que presten servicios directos o indirectos al proyecto.
La iniciativa busca frenar el avance de este emprendimiento costa afuera mediante herramientas legales, diplomáticas y económicas que impidan a las firmas involucradas operar o acceder al mercado energético del continente argentino, además de recurrir al derecho internacional. La vigente ley 26.659 prohíbe ejecutar operaciones de exploración o explotación en la plataforma continental sin autorización explícita de la Autoridad de Aplicación argentina. La ley también prohíbe actividades cruzadas y de soporte, alcanzando a quienes contraten, presten servicios, realicen transacciones o brinden apoyo logístico, técnico, financiero o de consultoría a operaciones no autorizadas.
Además, la normativa establece una incompatibilidad directa: ninguna empresa que opere o preste servicios en aguas de Malvinas sin permiso argentino podrá mantener o solicitar permisos de exploración, concesiones hidrocarburíferas o licencias de transporte dentro del territorio continental argentino o su plataforma.
El objetivo primario de las penalizaciones se concentra en la compañía israelí Navitas Petroleum, operadora principal con el 65% de participación, y en su socia británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante. Ambas lideran las gestiones para iniciar la producción comercial hacia 2028 en una estructura que prevé perforar decenas de pozos e incorporar una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
Las medidas restrictivas también alcanzan a las empresas internacionales de servicios petroleros y logística offshore que Navitas intente contratar. La advertencia incluye a cualquier firma que preste soporte operativo a las operaciones no autorizadas en las islas, la cual quedará inhabilitada para competir por contratos en proyectos clave de la Argentina, como el desarrollo del shale en Vaca Muerta o el offshore en el mar argentino.
El tercer eslabón incluye al entramado financiero y de infraestructura de apoyo que hace viable el financiamiento del proyecto. La estrategia legal abarca a entidades que participen en la estructuración de capital o coberturas para Sea Lion, exponiéndolas a contingencias judiciales en tribunales argentinos e internacionales por financiar una actividad tipificada como ilegal por el derecho local.
Frente al avance del proyecto Sea Lion, la estrategia legal en la Argentina comenzó a delinear un camino de encuadramiento judicial. A través de presentaciones impulsadas ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, un grupo de juristas especializados en derecho ambiental y soberanía, junto a organizaciones de excombatientes, abrieron una vía contenciosa para frenar la actividad de las compañías involucradas.
La querella cuenta con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a los abogados Fabián Maggi, Romina Araguás, Lucas Micheloud, Laurentina Alonso y Jerónimo Guerrero Iraola, este último en representación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Este equipo técnico articuló una demanda preventiva con solicitud de medida cautelar inaudita parte.
El eje del encuadre jurídico radica en el principio de «Tutela Ambiental Soberana» y el incumplimiento estricto del marco normativo nacional, encabezado por la Ley 26.659. Los querellantes sostienen que ni Navitas Petroleum ni Rockhopper Exploration cuentan con una Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por la Autoridad de Aplicación argentina ni con los certificados de aptitud correspondientes. Desde la perspectiva legal, se argumenta que la intervención sobre la plataforma continental constituye una violación a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Un aspecto de la estrategia penal y civil es la extensión de la responsabilidad jurídica hacia todo el ecosistema de financiamiento corporativo. El escrito presentado ante la jueza Mariel Ester Borruto exige identificar de manera explícita a los bancos multilaterales, fondos de inversión privados y firmas aseguradoras globales que evalúan estructurar el Project Finance para el desarrollo del yacimiento. La doctrina planteada sostiene que los actores financieros que aportan capital a una operación tipificada como ilegal por la legislación ribereña incurren en una co-responsabilidad por los eventuales pasivos ambientales y territoriales.
Las acciones judiciales también solicitan medidas de cooperación internacional y notificaciones a los principales mercados de valores del mundo. El planteo requiere que se informe de la existencia de este proceso judicial a la Bolsa de Comercio de Nueva York, a la Bolsa de Tel Aviv y a organismos reguladores como la Securities and Exchange Commission (SEC), para que el riesgo legal, crediticio y reputacional quede asentado en los prospectos de emisión de capital de las empresas sancionadas.