La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo, negó haber recibido órdenes o presiones y cuestionó al portavoz del PP, Miguel Tellado.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material. No obstante, no aclaró quién del Ministerio de Fomento, que entonces dirigía José Luis Ábalos, les aconsejó contratar a la empresa Soluciones de Gestión.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol ofreció por primera vez explicaciones públicas sobre la contratación realizada por su Ejecutivo con la empresa investigada. El Partido Popular, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de los contratos de mascarillas durante su etapa como presidenta de Baleares.
Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario». Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
En su defensa, sostuvo: «Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Agregó que jamás dio instrucciones para contratar a una empresa u otra durante sus ocho años de gobierno autonómico y cuatro años al frente del Consell Insular de Mallorca.
Armengol explicó que la compra de mascarillas se realizó en abril de 2020 por un contrato de 3,7 millones de euros, decidido por los técnicos del servicio de salud de Baleares, en un contexto de pandemia. Según su relato, tras el análisis del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se determinó que las mascarillas no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas, por lo que se almacenaron y se trabajó para reclamar a la empresa la diferencia de precio.
La presidenta del Congreso recordó que la reclamación se realizó antes de las elecciones del 28 de mayo «en tiempo y forma». También señaló que la «responsabilidad» de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas recae ahora en el nuevo Ejecutivo balear, conformado por PP y Vox, que debe explicar qué ha pasado con el expediente.