El decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, que habilita la expulsión de extranjeros por mensajes de odio, generó rechazo en la oposición, que presentó proyectos para derogarlo en la Cámara de Diputados.
El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 681/2026, que establece la expulsión del país y la prohibición de ingreso para extranjeros que inciten «mensajes de odio» contra los argentinos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el jueves y modifica la Ley de Migraciones, según informó la Oficina del Presidente.
El DNU incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a cualquier extranjero que «dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios».
Dirigentes de distintos sectores de la oposición, así como miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) y el exsenador Esteban Bullrich, expresaron su rechazo a la medida. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó el primer proyecto de derogación del DNU.
En la Cámara de Diputados, se espera que durante la próxima semana se presenten otros proyectos similares. La oposición sostiene que el decreto es inconstitucional y busca activar el debate parlamentario.
Declaraciones de dirigentes opositores
El diputado Esteban Paulón calificó el DNU como «totalmente inconstitucional» e «impracticable». En declaraciones a iProfesional, agregó: «No le veo mucho recorrido, pero lo dejan por escrito como decreto de necesidad y urgencia. Entonces, ¿quién determina qué es lo discriminatorio y por qué? ¿Hay un proceso penal o derecho a la defensa? ¿Qué instancia administrativa analiza esos casos? ¿Es de oficio? Es bastante ridículo el planteo y bastante peligroso si se propusieran hacerlo».
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, afirmó que el decreto «es inconstitucional» porque «no hay necesidad ni urgencia» y declaró que el «Congreso Nacional debe rechazarlo expresamente». También sostuvo que «la soberanía nacional se defiende cuidando el patrimonio de los argentinos e integrando a la comunidad sin divisiones innecesarias».
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) calificó la medida como «inconstitucional, en la forma y en el fondo». Pablo Juliano (Provincias Unidas) la describió como «patrioterismo de cartón». Florencia Carignano (Unión por la Patria) afirmó que es el Gobierno el que «hace de los mensajes del odio una política de estado» y señaló: «Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios».
Procedimiento legislativo para la derogación
Todo DNU debe ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que dictamina sobre su validez. La Libertad Avanza cuenta con ocho integrantes en esa comisión, incluida su presidenta, María Belén Monte de Oca, lo que representa la mitad de los miembros. Para emitir un dictamen favorable, el oficialismo necesita el apoyo de al menos un legislador adicional.
Si la comisión no se expide en un plazo de diez días, los decretos pueden ser tratados «de oficio» por cualquiera de las dos cámaras. La derogación del DNU requiere mayoría simple en ambas cámaras. En 2024, el Congreso derogó un decreto que ampliaba el financiamiento de la SIDE.
El oficialismo ha utilizado estrategias para dilatar los debates o impedir el tratamiento del DNU, lo que mantiene la medida vigente por defecto. La oposición, por su parte, busca reunir la mayoría necesaria para forzar la discusión en el recinto.
Contexto y motivaciones de la medida
El DNU fue anunciado en el marco de una «campaña anti argentina» difundida en redes sociales, vinculada a la final del Mundial. La Oficina del Presidente indicó que la medida responde a «las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos».
Desde el oficialismo, se atribuye esa campaña a sectores progresistas o de centro izquierda transnacionales, a los que el Gobierno se refiere como «woke». El DNU se inscribe en la denominada «batalla cultural» que promueve el Ejecutivo.
La medida también se enmarca en la intención del presidente Milei de posicionarse como referente de la derecha regional, tras su participación en la asunción de Keiko Fujimori en Perú. El decreto fue criticado por sectores opositores que consideran que responde a una estrategia política.
El DNU 681/2026 ya está en análisis del Congreso, y la oposición impulsa su derogación. El debate parlamentario se desarrollará en los próximos días, en un contexto de disputa política por el control de la agenda legislativa.