El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 decretó el 17 de junio la quiebra de El Resto de Corrientes S.R.L., firma que explotaba el histórico restaurante El Palacio de la Papa Frita. El local reabrió en Paraná 350 bajo la denominación «Palacio de las Papas Fritas», mientras la Justicia investiga el destino de los activos y las denuncias de los trabajadores.
Durante casi cuatro meses, el restaurante El Palacio de la Papa Frita, ubicado en la avenida Corrientes, permaneció cerrado. La empresa anunció públicamente que dejaba el local por no poder afrontar el alquiler y prometió reabrir «a la vuelta». En simultáneo, en los tribunales comerciales se tramitaba un concurso preventivo y un juicio de desalojo.
El 17 de junio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 decretó la quiebra de El Resto de Corrientes S.R.L., sociedad que explotaba el restaurante fundado en 1952. Según consta en el expediente, la empresa se presentó a concurso preventivo en noviembre de 2024 para reestructurar sus deudas. El propietario del inmueble de Corrientes inició un juicio de desalojo por vencimiento del contrato de alquiler.
La entonces gerente de la sociedad, Rosalba Aidé Ríos Amarilla, informó al juez que había alcanzado un acuerdo conciliatorio con la administradora del inmueble y que el 3 de marzo de 2026 restituyó las llaves. También sostuvo que la empresa había reservado un inmueble en Paraná 350 para continuar la actividad gastronómica. Ese traslado fue comunicado públicamente a través de la cuenta oficial de Instagram.
La sindicatura solicitó en reiteradas oportunidades que la concursada presentara el contrato de alquiler del nuevo local. La documentación nunca fue presentada. Cuatro trabajadores denunciaron ante la Justicia que se enteraron del cierre cuando llegaron a trabajar y encontraron el frente tapiado. Afirmaron que dentro del local quedaron ropa de trabajo, dinero y pertenencias personales. También denunciaron la venta de mercadería sin rendir cuentas y un presunto vaciamiento patrimonial.
La síndica Liliana Montoro señaló en sus informes que la empresa mantenía 20 trabajadores registrados, acumulaba 11 juicios laborales y registraba deudas previsionales. Ante la falta de presentación del contrato de alquiler de Paraná 350, la sindicatura solicitó la quiebra. El juez Fernando D’Alessandro, antes de decretarla, advirtió que la concursada nunca acreditó haber alquilado o adquirido un nuevo establecimiento, que la Justicia no pudo acceder al depósito donde supuestamente fueron trasladados los bienes y que no existía un inventario de esos activos.
El magistrado enumeró otros incumplimientos: el abogado de la sociedad renunció, ningún representante concurrió a la audiencia informativa, no se inició el trámite administrativo para obtener la conformidad de ARCA y no se presentó ninguna adhesión de acreedores a la propuesta de pago. El 17 de junio, vencido el período de exclusividad, el juez decretó la quiebra y ordenó librar un mandamiento en Paraná 350 para verificar el uso del inmueble. Dispuso que, si se comprobara que allí continúa la actividad comercial de la sociedad fallida, se proceda a la inmediata clausura del establecimiento. También ordenó incautar los bienes en la baulera de Zuviría, interceptar la correspondencia, inhibir los bienes de la empresa, inhabilitar a la sociedad y a su gerente, e impedir que esta última salga del país hasta la presentación del informe general de la quiebra.
El restaurante reabrió en Paraná 350 bajo la denominación «Palacio de las Papas Fritas». La sindicatura solicitó informes al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) sobre posibles cesiones, transmisiones, usos o franquicias de la marca El Palacio de la Papa Frita.