La Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo con dos fondos litigantes por bonos en default desde 2001. La norma autoriza un pago total de US$ 171 millones y levanta trabas judiciales sobre activos argentinos.
La Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que avala el acuerdo de pago a dos fondos holdouts por un total de US$ 171 millones. La iniciativa había recibido media sanción del Senado el 4 de junio pasado y fue convertida en ley con 139 votos a favor y 97 en contra.
El texto autoriza el pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El acuerdo fue firmado el 1 de abril y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska.
Según los fundamentos del proyecto, el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».
Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Se trata de los últimos dos «fondos buitre» que no aceptaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016 y mantenían litigios abiertos.
El Poder Ejecutivo había fijado como plazo máximo para la sanción el 30 de junio, fecha que fue prorrogada en tres ocasiones: inicialmente era el 30 de abril, luego el 30 de mayo y finalmente el 31 de junio. La demora generó preocupación en el oficialismo, ya que si la ley no se aprobaba antes del 30 de junio el acuerdo se caía.
El acuerdo incluye el congelamiento de todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Bainbridge apuntaba a acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y YPF, según declaró el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante de La Libertad Avanza.
Además, los fondos aceptaron por escrito no realizar ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina.