La Cámara de Diputados debatirá en sesión especial el proyecto oficialista Super RIGI, que extiende el régimen de incentivos a sectores como inteligencia artificial y biotecnología. Expertos analizan su posible impacto en el empleo registrado.
La Cámara de Diputados tratará este miércoles en una sesión especial el proyecto conocido como Super RIGI, impulsado por el oficialismo, que amplía el régimen de beneficios fiscales para grandes inversiones. La iniciativa busca otorgar ventajas impositivas a proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones y vehículos eléctricos.
El economista Jorge Day, del IERAL (Fundación Mediterránea), afirmó que “el Super RIGI puede ayudar al empleo, pero no habría que esperar un efecto masivo. Son inversiones grandes y valiosas, aunque en sectores muy intensivos en capital. Por eso, el impacto principal probablemente esté en empleo calificado, construcción, proveedores y servicios regionales”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación se mantiene cerca del 8% de la población económicamente activa, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 44,2% en el primer trimestre, el nivel más alto en casi 18 años según la consultora Labour, Capital, Growth (LCG). La subocupación afecta al 23,6% de la PEA, equivalente a más de 5,3 millones de personas.
El proyecto Super RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios por hasta 30 años, que incluyen una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones de derechos de exportación e importación, estabilidad normativa y fiscal, y una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales.
Day señaló que “el impacto puede ser importante para la provincia que reciba el proyecto. Una inversión tecnológica, energética o industrial puede mover la economía local, elevar la demanda de técnicos y profesionales, y generar actividad en servicios. Pero a escala nacional, difícilmente resuelva por sí sola los problemas generales del mercado laboral”.
El régimen original RIGI, vigente para sectores como minería, petróleo, gas y siderurgia, ya ha comprometido inversiones por más de 22.000 millones de dólares, con una estimación de 50.000 empleos directos, según cálculos de IERAL. Day agregó que “si se aplicaran multiplicadores tipo CAEM (un empleo directo genera tres indirectos) u otros más optimistas (uno a cinco), el impacto total podría ubicarse entre 200.000 y 300.000 puestos”.
En cuanto a la posible migración de trabajadores hacia las provincias receptoras de inversiones, Day sostuvo que “la migración será más bien selectiva, concentrada en jóvenes, técnicos y profesionales vinculados a estos proyectos. Una parte de la demanda laboral podría cubrirse con esquemas de turnos, rotación o migración temporaria, sin que aumente en la misma proporción la población residente”.
El proyecto ha recibido críticas de organizaciones como CEPA, FIDE y Fundar, que consideran que otorga excesivos beneficios sin controles ni contraprestaciones equivalentes en estándares internacionales.