La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar dos proyectos clave del Gobierno: el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones y el acuerdo con acreedores externos.
La Libertad Avanza (LLA) logró destrabar su agenda legislativa en la Cámara de Diputados luego de que una maniobra oficialista demorara la interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó a sesión para este miércoles a las 12:00, con el objetivo de aprobar el proyecto que establece el denominado «Súper RIGI» y el aval al acuerdo con los últimos holdouts.
La sesión fue posible tras un acuerdo entre LLA, el PRO, la UCR y bloques provinciales, que permitió dejar sin quórum la convocatoria opositora del martes. La oposición alcanzó 117 presencias, insuficientes para los 129 necesarios. El oficialismo convocó a comisiones para analizar los proyectos de interpelación contra Adorni la semana próxima, lo que brindó a los aliados una excusa para no apoyar la avanzada opositora.
El Súper RIGI es una versión potenciada del régimen de incentivos fiscales sancionado en la Ley Bases. Apunta a proyectos de inversión superiores a u$s1.000 millones en industrias vinculadas a la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología y data centers, entre otras. Para obtener el dictamen de mayoría, el oficialismo aceptó modificaciones, como una cláusula de «compre nacional» del 20% y que las inversiones en I+D computen al doble para el cálculo del monto mínimo.
Entre los beneficios fiscales, el Impuesto a las Ganancias se reduce del 25% al 15%, se acelera la amortización (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero) y se permite la deducción ilimitada de quebrantos. Los bienes e insumos no pagarán derechos de importación y exportación, y se habilita una liberación progresiva de dólares de exportaciones.
El segundo proyecto en agenda es el aval al pago de u$s171 millones a Bainbridge Ltd. y al grupo Attestor Value Master Fund LP, por bonos defaulteados tras la crisis de 2001. El Senado lo aprobó el 4 de junio. El acuerdo, firmado el 1 de abril, implica una quita superior al 30% y congela medidas de ejecución en Estados Unidos. Si no se aprueba antes del 30 de junio, el acuerdo se caería.
Fuentes oficiales señalaron que ambos proyectos cuentan con los votos suficientes para su aprobación, aunque se esperan críticas de Unión por la Patria, Coalición Cívica y Provincias Unidas durante el debate.