martes, 25 agosto, 2026

El PSOE evalúa a María Jesús Montero como candidata ante una eventual repetición electoral

Mientras Pedro Sánchez evalúa su continuidad tras las denuncias contra su esposa, en el PSOE comienzan a barajar escenarios para una posible repetición electoral, donde la vicepresidenta primera María Jesús Montero surge como una de las opciones.

En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reina la incertidumbre ante la espera de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien suspendió su agenda pública tras conocerse una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, presentada por el colectivo Manos Limpias. La Fiscalía solicitó el archivo de esa denuncia.

Fuentes socialistas consultadas señalaron que Sánchez solo conversó con su núcleo familiar y que el partido se enterará de su decisión al mismo tiempo que los medios. En respuesta, el PSOE lanzó una campaña en redes sociales bajo la consigna “vale la pena”, en un intento de instar al líder a continuar al frente del Gobierno.

Ante la posibilidad de una repetición electoral, en el partido se evalúan cuatro escenarios, según publicó La Política Online: que Sánchez no renuncie y continúe como líder reforzado; que se someta a una cuestión de confianza; que renuncie y otro candidato se presente a la investidura con el actual Congreso; o la convocatoria a elecciones, opción considerada la más compleja constitucionalmente.

En este contexto, cobra fuerza el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como candidata ante una eventual repetición electoral o ante el desafío de una nueva investidura. Montero es una de las figuras que más creció dentro del PSOE en el último tiempo, caracterizada por un estilo de confrontación y absoluta lealtad a Sánchez.

En paralelo, la asociación Hazte Oír presentó una querella ante el juez Peinado, vinculando el incremento de la facturación de empresas vinculadas a Begoña Gómez con su presunta mediación. La asociación sostiene que la empresa en la que trabajó Gómez, su compañero de cátedra y la empresa Globalia podrían haberse beneficiado de ayudas y subvenciones públicas concedidas por el Gobierno, por el delito de tráfico de influencias.

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