El PSOE y Junts cerraron el acuerdo para que el Congreso apruebe la ley de amnistía. El texto incluirá modificaciones para reforzar las garantías a los encausados, sin especificar cambios. El Ejecutivo busca despejar la agenda política.
El PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo para que el Congreso apruebe la ley de amnistía dirigida a los independentistas catalanes. El pacto, aún no hecho público, introducirá cambios en el texto para dotar de «más garantías» a todos los dirigentes encausados por el procés, especialmente al líder de Junts, Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo investiga por terrorismo.
Ni los socialistas ni los independentistas han filtrado los retoques ni las fórmulas jurídicas incorporadas en el borrador final. Fuentes de Ferraz afirmaron que la ley, con las nuevas modificaciones, seguirá siendo «absolutamente constitucional» y que no se incluirá ningún tipo de terrorismo en la amnistía, tal como exigía Junts, uno de los motivos que derivó en el voto negativo de los catalanes en la primera votación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró en una charla informal con periodistas que cubren su gira por Latinoamérica: «Se cambiará para dar más garantías, para ampliar más esos parámetros. Yo no he tenido nunca ninguna duda de que estaban todos incluidos, pero si tenemos que reforzar las garantías, lo hacemos. Todos van a ser amnistiados, se van a cubrir todos los supuestos». Sánchez agregó que nunca compartió las dudas de Junts porque siempre tuvo el convencimiento de que el texto original cubría todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Catalunya años atrás, pero señaló que si hay que reforzar aún más esas garantías para disiparlas, se hará.
La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, se mostró este miércoles «satisfecha» por la «buena noticia» del desbloqueo de la ley de amnistía, después de que el PSOE, JxCat y ERC hayan podido «encarrilar» un acuerdo que podría anunciarse «en las próximas horas», según declaró a Catalunya Ràdio.
Para Moncloa, la aprobación de la amnistía permitirá sacar el caso Koldo de las primeras planas de las agendas informativas y «encarrilar la legislatura» mediante el fortalecimiento del bloque de investidura, además de dejar a tiro de aprobación la Ley de Presupuestos, hito clave del nuevo ciclo político.