El Fondo Monetario Internacional insta al gobierno de Javier Milei a ampliar la base del impuesto a las Ganancias, una medida que, según antecedentes históricos, ha implicado derrotas electorales para distintos gobiernos en Argentina.
La ampliación de la base tributaria en el impuesto a las Ganancias es una propuesta que cuenta con apoyo mayoritario entre economistas, pero que históricamente ha tenido un alto costo político en Argentina. En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo ha sugerido al gobierno de Javier Milei avanzar en esa dirección, lo que ha reavivado el debate interno sobre su impacto electoral.
Fuentes oficiales del Palacio de Hacienda indicaron a iProfesional que “Toto está preocupado. No quiere ajustar más y el FMI le exige más suba de impuestos”. No obstante, las mismas fuentes agregaron que “no está en los planes aumentar los impuestos que plantea el FMI”.
El antecedente más citado es el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en las elecciones legislativas de 2013 sufrió una derrota en un contexto donde el impuesto alcanzaba al 25% de los asalariados, debido a que el mínimo no imponible no se actualizaba por inflación. Ese porcentaje es similar al que podría tributar si se aplicara la recomendación del FMI.
Quienes apoyan la reforma argumentan que, en Argentina, el impuesto a las Ganancias sobre asalariados representa el 8% de la recaudación total, mientras que en los países de la OCDE ese porcentaje asciende al 24%. En términos de PBI, en Argentina equivale al 2%, frente a un promedio del 8% en los países desarrollados.
El tema ha generado fisuras en distintos gobiernos. Durante la gestión de Mauricio Macri, se aprobó una ley que redujo la base imponible, pero el expresidente también enfrentó costos electorales. En 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández, el entonces ministro Sergio Massa impulsó un proyecto que redujo los contribuyentes al 10% de los asalariados mejor pagos, con ajuste por inflación. Ese proyecto fue aprobado en marzo de 2021, pero el gobierno fue derrotado en las legislativas de ese año.
En 2023, en plena campaña presidencial, se aprobó una ley que eliminó prácticamente el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, dejándolo solo para empresas. El entonces diputado Javier Milei votó a favor de esa ley, pero al asumir la presidencia, mediante un decreto de necesidad y urgencia, retrotrajo la situación a como estaba antes de esa norma.
La medida generó un conflicto judicial, un paro general convocado por la CGT y una caída en los ingresos fiscales de las provincias, que dependen de la coparticipación de ese tributo. Un sondeo de la consultora Zentrix indicó que el 59,5% de la población quiere un cambio en el rumbo económico y que el 64,4% apenas llega con sus ingresos al día 20 de cada mes.