El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, tiene listo un paquete de reformas que incluye cambios en la comercialización de medicamentos, la actividad naviera de cabotaje y el mercado inmobiliario. En este último, se propone eliminar la obligatoriedad de matrícula y título universitario para la intermediación.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prepara un conjunto de reformas para profundizar la desregulación de diversos sectores económicos. Según fuentes oficiales, los proyectos ya están redactados y se enviarían al Congreso en los próximos días cuando exista una ventana política favorable.
Entre las áreas alcanzadas se encuentra el mercado inmobiliario. La propuesta incluye la eliminación de honorarios mínimos obligatorios, la revisión de la matriculación obligatoria, una menor restricción para la intermediación digital y una mayor apertura para nuevos operadores tecnológicos y plataformas Proptech.
Actualmente, la normativa vigente exige título universitario y matrícula profesional habilitante para ejercer como corredor o martillero público. La reforma propone flexibilizar esas exigencias y permitir que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias sin acreditar formación específica ni inscripción profesional obligatoria.
Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, se manifestó a favor de la apertura. Declaró: “Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica”. Agregó que “hoy la transparencia y la seguridad jurídica no pasan por un número de matrícula detrás de un apellido, sino por la trayectoria, las buenas prácticas y la trazabilidad”.
Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de Mercadoinmobiliario (MI), sostuvo: “El mercado necesita más competencia, modernización y menores costos, pero eso no puede implicar pérdida de seguridad jurídica”. Señaló que “hay análisis de títulos, documentación, cuestiones impositivas y responsabilidades patrimoniales que forman parte de cualquier operación”. Propuso “avanzar hacia un sistema mixto con libertad, pero también con estándares mínimos de idoneidad y responsabilidad”.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario porteño, afirmó: “El corretaje inmobiliario no funciona como una actividad comercial tradicional. Existe una responsabilidad profesional vinculada a brindar seguridad jurídica”. Advirtió que “permitir el ingreso de personas no calificadas puede derivar en errores, fraudes y malas prácticas”.
Alejandro Bennazar, referente de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, consideró que el debate debería centrarse también en financiamiento, acceso a la vivienda y modernización de procesos. Señaló que “no existe una actividad más desregulada que la inmobiliaria. Hoy cualquier persona puede comprar, vender o alquilar de forma particular”.