El Ejecutivo avanza con un proyecto para eliminar leyes anacrónicas, como el registro de palomas mensajeras y el carnet de mochilero, con el objetivo de reducir la burocracia y el gasto público.
El Gobierno logró avanzar en la Cámara de Diputados con la denominada «Ley Hojarasca», un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca eliminar decenas de normas que todavía siguen vigentes en la Argentina pese a haber quedado fuera de época.
La iniciativa propone derogar cerca de 70 leyes que, según el Ejecutivo, ya no tienen utilidad práctica, fueron reemplazadas por otras regulaciones o directamente nunca se aplicaron. El objetivo oficial es reducir burocracia, simplificar trámites y recortar estructuras estatales consideradas innecesarias.
Normas más llamativas
Entre las normas que más llamaron la atención aparecen algunas verdaderamente curiosas: desde la obligación de tener un carnet de mochilero para hacer dedo hasta el registro nacional de palomas mensajeras.
- Carnet obligatorio para mochileros (1974): exigía una credencial para quienes pidieran ayuda a terceros para trasladarse con fines turísticos. Además, habilitaba controles policiales. El Gobierno sostiene que vulnera la libertad de circulación.
- Registro de palomas mensajeras (2015): obligaba a inscribir palomas de carrera en un registro oficial y verificar su matrícula y año de nacimiento.
- Autorización legal para transmitir televisión color (1978): una ley habilitaba específicamente las emisiones televisivas a color. El Ejecutivo considera absurdo que una actividad permitida necesite autorización expresa.
- Premios por descubrir minas de carbón (1871): otorgaba recompensas económicas a quienes encontraran yacimientos carboníferos.
- Microfilmación en el Ejército y organismos públicos: varias leyes regulaban el uso de microfilms en dependencias estatales y fuerzas armadas, tecnología completamente desplazada por la digitalización.
- Beneficios para ahijados presidenciales (1974): establecía el padrinazgo presidencial y garantizaba educación gratuita para los ahijados del Presidente, algo que perdió sentido con la educación pública universal.
- Cursos turísticos obligatorios para empleados públicos: imponía capacitaciones vinculadas al turismo dentro de la administración estatal.
- Promoción obligatoria del turismo en medios públicos: una norma exigía emitir al menos una hora diaria de contenidos turísticos.
- Control estatal sobre mapas en etiquetas: requería autorización oficial para usar mapas en productos y materiales gráficos.
- Premios y subsidios culturales creados hace décadas: algunas leyes otorgaban reconocimientos financiados por el Estado a sectores específicos como literatura, pintura o prevención de adicciones.
Normas consideradas anacrónicas
Dentro del paquete también aparecen leyes que, según el oficialismo, quedaron totalmente fuera de contexto histórico o constitucional. Una de ellas prohibía los azotes como castigo, una práctica ya vetada por la Constitución desde hace décadas. Otra permitía el aislamiento compulsivo de personas con lepra o sospechosas de viruela bajo criterios sanitarios antiguos.
También se busca eliminar una norma de 1951 que castigaba con prisión a argentinos que promovieran sanciones económicas o políticas contra el Estado nacional, por considerarla persecutoria y contraria a la libertad de expresión. En la misma línea, el proyecto propone derogar una ley que obligaba a informar reuniones en lugares cerrados y habilitaba controles policiales en eventos privados.
Recorte de organismos y financiamiento estatal
La «Ley Hojarasca» no solo apunta a regulaciones curiosas. También avanza sobre estructuras financiadas con fondos públicos. Entre los cambios aparece la eliminación del aporte estatal al Círculo de Legisladores y a la Federación Argentina de Municipios, entidades que podrían continuar funcionando, pero con financiamiento propio.
Además, el proyecto elimina organismos considerados inactivos o superpuestos, como una comisión nacional dedicada a la cría de conejos o programas específicos vinculados con premios a la calidad y actividades culturales. Desde el Ministerio de Desregulación aseguran que muchas de estas leyes «quedaron dormidas» durante décadas y hoy forman parte de un entramado normativo que genera burocracia innecesaria.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado.