La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de derogación de casi 60 leyes y decretos considerados obsoletos. La iniciativa pasó al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto conocido como «Ley Hojarasca», impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar casi 60 leyes y decretos que el Gobierno considera obsoletos. La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, y pasó al Senado para su revisión.
El proyecto, oficialmente denominado «Derogación y Modificación de Legislación Obsoleta», busca eliminar normativas que, según el Ejecutivo, han sido superadas por disposiciones posteriores, resultan obsoletas por el avance tecnológico o económico, afectan libertades individuales, permiten desburocratización, remiten a organismos disueltos o se modifican para recortar gasto público.
Entre las normas derogadas se incluyen la Ley N° 94 de 1864, que inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, y la Ley N° 20.400 de 1973, sobre prohibición de servicios no voluntarios, ya superada por la Ley de Trata de Personas. También se derogan la Ley de Padrinazgo Presidencial (20.843) y la Ley 20.802 que creaba un «carnet de mochilero».
Las derogaciones más polémicas incluyen la Ley 26.688 de 2011, que declaraba de interés nacional la producción pública de medicamentos, y la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Durante el debate, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que el Gobierno «está desarmando barreras de protección destinadas a industrias y sectores estratégicos de Argentina».
Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo aceptó modificaciones al texto original. Quedaron fuera de la derogación la Ley de Cooperativas (11.380), que exime de impuestos a edificios cooperativos, y la Ley 20.959, que otorga libre circulación y estacionamiento a senadores y diputados nacionales. También se mantuvo el financiamiento público para el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo busca convertirlo en ley antes del inicio del Mundial de Fútbol, según fuentes parlamentarias.