Dos empresas belgas presentaron ofertas económicas prácticamente idénticas para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por 30 años. Una denuncia penal acusa al Gobierno de haber diseñado el pliego para favorecer a la operadora actual.
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entró en su recta final. Dos empresas belgas presentaron ofertas económicas prácticamente idénticas para quedarse con la concesión del corredor fluvial por los próximos 30 años. El proceso quedó envuelto en una denuncia penal que acusa al Gobierno de haber diseñado el pliego para favorecer a la operadora actual.
Jan de Nul y DEME ofrecieron la tarifa mínima prevista para el cobro del peaje. Ambas llegaron a u$s14,23 considerando los tres tramos de la vía navegable. La propuesta económica representa el 60% de la puntuación total de la compulsa, lo que equivale a 120 puntos dentro del esquema de evaluación.
La apertura de las ofertas económicas se realizó este martes en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 508-0002-LPU25, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para adjudicar la modernización, operación, mantenimiento, dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal.
Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos en la compulsa técnica, frente a los 42,14 alcanzados por DEME. Fuentes vinculadas al proceso señalaron que la propuesta de Jan de Nul recibió mejor valoración en antecedentes, metodología de trabajo y capacidad operativa.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es una infraestructura estratégica para la economía argentina. Por ese corredor fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente vinculadas al complejo agroindustrial. La vía navegable también resulta fundamental para el comercio de Paraguay y Brasil.
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en favor de Jan de Nul. La presentación fue realizada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Entre los denunciados aparecen el ministro de Economía Luis Caputo; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; el empresario Germán Neuss; y representantes vinculados a Jan de Nul. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
Según la presentación judicial, la presunta maniobra podría generar un perjuicio económico estimado en unos u$s7.000 millones.
Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia apunta al diseño del pliego licitatorio. Según los denunciantes, las condiciones técnicas habrían sido elaboradas específicamente para favorecer a Jan de Nul. En particular, objetan la exigencia de alcanzar «44 pies de calado inmediato». Esa condición —afirmaron— sólo podría cumplirla actualmente la empresa belga debido a la infraestructura y las dragas ya desplegadas en el río Paraná.
Los denunciantes también cuestionaron el esquema previsto para el cobro del peaje. Aseguraron que el Gobierno buscaría devolverle al concesionario privado la recaudación directa de los ingresos de la Hidrovía, lo que implicaría desplazar a la Administración General de Puertos del circuito de cobro.
La denuncia penal ahora deberá ser evaluada por la Justicia. Mientras tanto, el proceso licitatorio continúa su marcha.