La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que derivaba la investigación al juzgado de Campana y ordenó que el conflicto de competencia se resuelva con celeridad.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había enviado la investigación por la millonaria casaquinta de Pilar, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, al juzgado federal de Campana y ordenó que el conflicto de competencia vuelva a resolverse con «celeridad».
La decisión fue tomada por mayoría por la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar a un planteo de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín que, en enero pasado, había derivado el expediente al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
De esta manera, será ahora la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que deberá definir qué tribunal continuará al frente de la causa. Hasta que exista una nueva resolución, González Charvay seguirá interviniendo en el expediente.
La investigación gira en torno a la compra de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en alrededor de 20 millones de dólares, que figura escriturada por apenas 1,8 millones de dólares a nombre de la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte. La Justicia sospecha que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.
El expediente busca determinar si detrás de la propiedad y de otros bienes hallados en el lugar se encuentran dirigentes de la AFA encabezados por Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. En uno de los allanamientos ordenados por el primer juez del caso, Daniel Rafecas, se detectó una importante flota de autos de colección dentro de un galpón, además de caballerizas y un helipuerto.
Durante la investigación también se comprobó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para afrontar distintos gastos, entre ellos telepases de vehículos de lujo y otros consumos que quedaron bajo análisis judicial.
La resolución de Casación abrió un nuevo capítulo en las disputas sobre qué juzgado debe investigar el caso. El voto mayoritario sostuvo que la Cámara Federal de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia entre el juzgado de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que en ese momento estaba subrogado por Marcelo Aguinsky.
Según Ledesma, «las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la cámara de apelaciones de la que dependa el juez que hubiere prevenido en la causa». En ese sentido, advirtió que apartarse de esas reglas «compromete la garantía del juez natural» prevista en la Constitución Nacional.
Carbajo reforzó esa postura y señaló que el expediente ya se encontraba radicado en el fuero penal económico cuando Pantano promovió la inhibitoria ante la Justicia Federal de Campana, por lo que consideró que ese tribunal era el que había «prevenido» primero.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky entendió que el recurso presentado por la fiscalía debía declararse inadmisible al considerar que no existía una sentencia definitiva ni una cuestión federal que justificara la intervención de Casación. Sin embargo, coincidió en que la nueva resolución sobre la competencia debía adoptarse de manera «colegiada» y rápida.
El fiscal ante Casación Mario Villar había solicitado que la causa regresara al juzgado federal porteño de Daniel Rafecas, quien inició la investigación tras una denuncia de Elisa Carrió. Como alternativa, pidió que siguiera en el juzgado penal económico o que la discusión fuera resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, opción finalmente adoptada por Casación.
Mientras se resuelve la disputa judicial, González Charvay avanzó con nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero utilizado para comprar la propiedad, los autos de colección, los caballos árabes y construir el helipuerto.
El magistrado ordenó peritajes contables, tasaciones y un análisis detallado de movimientos de fondos de la AFA y de la documentación secuestrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si los recursos utilizados para adquirir la casaquinta pudieron haber salido de la entidad que preside Tapia.
La fiscalía sostiene que las maniobras investigadas podrían configurar un entramado de lavado de activos que excede la ubicación física de las propiedades y abarcaría posibles desvíos de fondos de la AFA hacia fines privados.