A pesar del superávit fiscal anunciado por el Gobierno, la deuda pública trepó a su máximo histórico, con un fuerte incremento de los compromisos de corto plazo y un cambio en su composición.
La deuda pública argentina alcanzó los u$s 483.830 millones al 31 de marzo, el nivel más alto registrado en la historia del país, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Desde diciembre de 2023, el endeudamiento creció cerca de u$s 113.000 millones, un incremento cercano al 30%.
De acuerdo con un informe de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), el aumento no responde a un solo factor: incluye nuevas emisiones de deuda, capitalización de intereses y cambios en la valuación de los pasivos. El análisis destaca que, más allá del monto total, lo relevante es cómo cambió la composición de la deuda.
Uno de los puntos centrales es el plazo de los compromisos. Mientras que en diciembre de 2023 la deuda de corto plazo (con vencimiento dentro de un año) representaba el 3,5% del total, en marzo de 2026 alcanzó el 14%. Esto implica que los vencimientos se cuadruplicaron en ese período. Instrumentos como las LECAP ganaron protagonismo, lo que, según el informe, aumenta el riesgo de tener que refinanciar constantemente esos compromisos en condiciones que fija el mercado.
El economista Cristian Módolo, director de Funepe, señaló: ‘Las LECAP ganaron rápidamente terreno en la carrera de los acreedores. Y cuando decimos corto plazo hablamos de deuda que vence dentro del año calendario. La contracara de esta estrategia es un aumento significativo del riesgo de refinanciamiento, es decir, la concentración de vencimientos en horizontes más breves obliga a una continua renovación, dejando al Tesoro a merced de las exigencias de los acreedores’.
En el mismo período, el Gobierno informó un superávit fiscal primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones (tras pagar intereses). Este resultado se fundamentó en un fuerte ajuste del gasto público, acumulando un superávit primario del 0,5% del PIB en el primer trimestre. Sin embargo, el Tesoro contrajo una deuda flotante de $5,6 billones (unos u$s 4.000 millones), equivalente al 3,6% del gasto total del presupuesto 2026. La deuda flotante se genera al postergar pagos a proveedores, obras sociales, PAMI, transportes y provincias.
La caída de ingresos, que en marzo fue del 4,5% interanual, con ocho meses consecutivos de baja en la recaudación de AFIP, contribuyó a esta situación. La falta de pagos generó tensiones sociales, como paros de médicos del PAMI, de choferes de transporte y reclamos de provincias. Las prestaciones sociales aumentaron un 27,7% interanual y las remuneraciones un 25,7%, ambos por debajo de la inflación.
Otro cambio relevante se dio en la moneda de emisión de la deuda. Si bien el dólar sigue siendo predominante, la deuda en pesos creció del 23% del total a fines de 2023 al 46% en marzo de 2026. Según Funepe, esta estrategia buscó reducir la exposición a una eventual devaluación, pero alteró el funcionamiento del mercado local de crédito. ‘Esta estrategia, si bien buscó reducir la debilidad frente a una devaluación, alteró todas las condiciones del mercado local del crédito’, insistió Módolo.
El tercer eje analizado es la indexación por inflación. Los instrumentos ajustados por inflación pasaron del 11% del total a fines de 2023 al 22% actual. El informe explica que esto responde a la necesidad del Tesoro de ofrecer protección frente a la inflación para conseguir financiamiento, pero advierte que si los precios suben, también lo hace el capital adeudado, lo que puede presionar las cuentas fiscales. ‘Esta decisión implica trasladar el riesgo inflacionario a la deuda’, concluye el informe.