El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría tratarse en el Congreso, propone reducir plazos de desalojo y agilizar procesos judiciales, generando opiniones divididas entre propietarios e inquilinos.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría tratarse en los próximos días en el Congreso, vuelve a poner en tensión al mercado de alquileres. La iniciativa propone reducir a solo tres días el plazo de intimación por falta de pago y avanzar con desalojos más rápidos a través de procesos sumarísimos, lo que implica un cambio profundo en la dinámica contractual.
El planteo oficial no se limita a acelerar los tiempos. La iniciativa busca reordenar el funcionamiento del mercado con un esquema más previsible para el propietario, donde el incumplimiento tenga consecuencias más rápidas y claras. En ese marco, también apunta a reducir la litigiosidad, acotar instancias judiciales y desalentar demoras que hoy prolongan los conflictos durante largos períodos.
Además, el proyecto intenta modificar el equilibrio de riesgos dentro del contrato de alquiler. La idea es que el dueño deje de asumir costos prolongados frente a la falta de pago y que el sistema funcione con reglas más estrictas pero más transparentes, donde el cumplimiento tenga un peso central. Bajo esa lógica, se busca generar un entorno más atractivo para la inversión en vivienda en alquiler, en un contexto donde la oferta todavía resulta limitada.
Sin embargo, desde el lado inquilino crece el rechazo y empieza a profundizarse una nueva «grieta» en el mercado inmobiliario vinculado con los alquileres. El eje de la propuesta apunta a reforzar la seguridad jurídica del propietario y acortar tiempos judiciales que hoy pueden extenderse durante meses o incluso años. En ese marco, se busca generar mayor previsibilidad, reducir el riesgo percibido y, como consecuencia, incentivar la oferta de inmuebles en alquiler en un mercado que todavía arrastra distorsiones.
La lógica detrás del proyecto es directa: si el propietario tiene garantías de recuperar su inmueble en plazos razonables ante un incumplimiento, estará más dispuesto a ponerlo en alquiler. Ese cambio, según quienes impulsan la iniciativa, podría traducirse en más oferta, mayor competencia y, eventualmente, precios más equilibrados.
Desde el lado de los dueños, la iniciativa encuentra respaldo. Karina González y Germán Matienzo, de Propietarios Unidos de Argentina, sostuvieron que el mercado necesita reglas claras para volver a expandirse. Explicaron que «la falta de seguridad jurídica y la duración de los desalojos retraen la oferta; con mayor previsibilidad más propietarios vuelven a alquilar». También remarcaron el costo que hoy enfrentan quienes no pueden recuperar sus inmuebles. «El propietario deja de percibir renta y además debe afrontar expensas, servicios y mantenimiento de una propiedad que no puede usar», señalaron.
En ese contexto, plantearon que reducir los tiempos judiciales corrige una carga económica que consideran injusta. Para el sector, el impacto podría ser más amplio. Indicaron que con una Justicia más ágil se podrían flexibilizar condiciones de ingreso. «Si existe certeza de recuperar la propiedad ante incumplimientos, bajan las exigencias y eso beneficia a los inquilinos cumplidores», afirmaron González y Matienzo.
La propuesta también incluye mecanismos de ejecución más rápidos para cubrir deudas o daños, con el objetivo de evitar que las unidades queden fuera del mercado durante largos períodos. Resumieron: «Menos burocracia judicial equivale a mayor rotación y precios más competitivos».
Del lado de los inquilinos la lectura es muy distinta. Ludmila Mazzoni Amado, abogada especializada en alquileres y defensora de locatarios, dijo que el proyecto «inclina la balanza hacia los propietarios» y no contempla la realidad de quienes alquilan. Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de desalojos sin sentencia firme. «Se puede avanzar con la desocupación mientras el proceso sigue en curso, lo que debilita garantías básicas de defensa», explicó.
También advirtió que el proyecto no distingue entre una usurpación y un conflicto contractual, dos situaciones que requieren abordajes diferentes. Desde su mirada, el impacto puede ser significativo en el contexto actual. «No hay una ley de alquileres vigente ni marcos de protección como en otros países. Esto profundiza la inestabilidad y dificulta sostener un contrato en el tiempo», señaló Mazzoni Amado.
El análisis jurídico suma matices. Lucía Otegui, abogada experta en derecho inmobiliario, consideró que el proyecto presenta «aspectos controvertidos» y podría generar conflictos a futuro. Si bien reconoció que el objetivo es agilizar procesos, advirtió sobre posibles tensiones con garantías procesales. También puso el foco en otros puntos de la iniciativa, como la flexibilización en materia de tierras. «Puede implicar riesgos en términos de soberanía y acceso», sostuvo Otegui, al referirse a cambios que exceden el mercado de alquileres pero que forman parte del mismo paquete normativo.
El abogado Javier Antebi, también experto en derecho inmobiliario, señaló que la propiedad privada ya está protegida por la Constitución y planteó que la reforma podría generar desequilibrios si no se contemplan adecuadamente los derechos de los inquilinos.