Un juez federal suspendió provisoriamente la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba salarios y becas según inflación. Las universidades apelarán y convocan a una marcha para el 12 de mayo.
El conflicto por el presupuesto de las universidades suma una nueva derivación legal. Un reciente fallo de la Justicia Federal decidió suspender provisoriamente la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que habilitaba la actualización de salarios docentes y no docentes, así como el monto de las becas estudiantiles, ajustándolos según los índices de inflación.
Esta decisión judicial frena la medida cautelar que, semanas atrás, había ordenado la implementación efectiva de la ley. El juez de primera instancia Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II, determinó la suspensión de las acciones que obligaban al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la normativa, que establecían una recomposición salarial por el bache inflacionario entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley, además de paritarias trimestrales.
Ante este nuevo escenario, las autoridades universitarias adelantaron que presentarán una apelación formal el próximo lunes 27 de abril, buscando restablecer el flujo de fondos. Mientras la batalla legal se traslada a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno busca llevar el caso hasta la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. En el Congreso, fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza confirmaron que mantienen la intención de presentar un proyecto de ley de financiamiento alternativo, que reemplazaría la normativa vigente por un esquema más acorde a las metas de equilibrio fiscal del Ejecutivo.
Ante la incertidumbre judicial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una nueva movilización masiva para el martes 12 de mayo, bajo la consigna «Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional». Los datos del CIN indican que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 la inflación trepó al 280%, mientras que los sueldos del sector subieron solo un 158%, lo que implica una caída real del 32% en el poder de compra de los trabajadores universitarios. A esto se suma un recorte del 45,6% en las transferencias reales para el funcionamiento operativo de las universidades.