Dos iniciativas buscan modificar la Ley de Salud Mental y el régimen de discapacidad, reactivando la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
El Gobierno nacional envió al Senado dos proyectos de reforma vinculados a la Ley de Salud Mental y a la normativa sobre discapacidad, en una iniciativa que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
Las iniciativas ingresaron por la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con mayor margen de negociación, y forman parte de una estrategia definida por la mesa política del Ejecutivo. Fuentes legislativas confirmaron que la decisión se tomó tras una reunión en Casa Rosada en la que participaron, entre otros, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La elección del Senado como cámara de origen responde a la intención de facilitar el tratamiento inicial y gestionar eventuales modificaciones cuando los proyectos pasen a Diputados. La presentación de estas reformas se enmarca en un intento del Gobierno por retomar la iniciativa parlamentaria, en paralelo con otras prioridades legislativas.
Uno de los proyectos introduce modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010. La iniciativa propone cambios en definiciones, criterios de intervención y organización del sistema de atención. Entre los puntos centrales, se plantea reemplazar el término «padecimiento mental» por el de «trastornos mentales o del comportamiento», en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades.
El proyecto también modifica los criterios para las internaciones involuntarias: sustituye el concepto de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física», e incorpora un enfoque que contempla antecedentes y contexto del paciente. En situaciones de urgencia, se habilita que un médico psiquiatra disponga la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma vinculada a la normativa sobre discapacidad, en particular en relación con el régimen de pensiones no contributivas y las condiciones de acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según trascendió, el proyecto apunta a redefinir aspectos del esquema de pensiones por invalidez y a flexibilizar determinados criterios de acceso al CUD.
La estrategia legislativa contempla que ambas reformas —salud mental y discapacidad— avancen de manera paralela en el Congreso, como parte de una agenda más amplia que el Gobierno intenta impulsar en el inicio del período parlamentario.