Un registro del RPI de CABA detalla un préstamo hipotecario no bancario a favor del Jefe de Gabinete. La investigación sobre su patrimonio también avanza sobre el análisis de viajes y otras operaciones inmobiliarias.
Un registro oficial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires (RPI) muestra que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, constituyó una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio de Caballito. A través de esta operación, accedió a un financiamiento de 100 mil dólares proveniente de dos prestamistas particulares: Graciela Isabel Molina, quien aportó 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio, con 15 mil dólares. Según fuentes judiciales, ambas desempeñan funciones en la fuerza policial.
La propiedad, situada en Asamblea al 1100, fue adquirida originalmente en 2014 mediante un crédito hipotecario. El 12 de marzo de ese año se registró la primera hipoteca. Diez años después, en noviembre de 2024, se formalizó este segundo préstamo no bancario por 100 mil dólares. La firma de esta operación ocurrió pocos días antes de que Bettina Angeletti, esposa del funcionario, adquiriera una vivienda en el country Indio Cua.
En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni consignó la existencia de estas deudas, aunque sin precisar previamente su origen, e incluyó el 50% del total adeudado. El inmueble, comprado en 2014 por un valor declarado de 105 mil dólares, continúa registrado a nombre de ambos cónyuges, aunque se encuentra en oferta en el mercado.
La escribana interviniente en esta y otras operaciones fue Adriana Mónica Nechevenko, quien también participó en la compra de la propiedad en Indio Cua y en otra adquisición en Caballito durante 2025. En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, Nechevenko fue citada a declarar como testigo. La fiscalía solicitó documentación completa sobre las transacciones inmobiliarias del funcionario y su esposa.
La investigación judicial, delegada por el juez Ariel Lijo y originada en una denuncia de la diputada Marcela Pagano, también avanza sobre otros aspectos del patrimonio de Adorni. Se analiza un listado de entre 15 y 19 registros de vuelos realizados por el funcionario desde 2023, con el objetivo de cruzar destinos y costos con sus ingresos declarados. El foco inicial fue un vuelo privado a Punta del Este cuyo costo superó los 4.800 dólares.
Según información judicial, existen sospechas de que algunos destinos declarados, como Perú o Ecuador, podrían haber sido escalas hacia destinos de mayor costo. La pesquisa se extiende también a viajes realizados por su esposa y a los contratos de su consultora con la petrolera estatal YPF, para verificar la trazabilidad de los fondos familiares.