El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó una medida cautelar contra la Ley de Modernización Laboral, sumándose a otros reclamos gremiales que cuestionan la constitucionalidad de varios de sus artículos.
Los fallos judiciales contra la Ley de Modernización Laboral (27.802) continúan acumulándose. Tras la resolución del juez nacional de Trabajo Raúl Ojeda, que hizo lugar a la cautelar de la CGT y suspendió 83 artículos por indicios de «inconstitucionalidad», ahora el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó un amparo similar.
Raúl Durdos, secretario General del SOMU, detalló que la causa ya está en trámite en la justicia laboral. El objetivo es «evitar la aplicación de disposiciones que vulneran derechos constitucionales tanto individuales como colectivos». Durdos argumentó que la reforma presenta una «manifiesta limitación al derecho de huelga» y restringe las medidas de acción sindical, contradiciendo garantías constitucionales y convenios internacionales.
El dirigente subrayó que algunos artículos «afectan principios básicos como la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la representación gremial». También criticó las modificaciones al régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, que podrían dejar a trabajadores y sindicatos «en una situación de mayor vulnerabilidad».
Por otro lado, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo presentó otro amparo. Su secretario General, el capitán Mariano Moreno, cuestiona los artículos que excluyen a los trabajadores embarcados del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Moreno aseguró que la normativa impulsa un cambio que podría desplazar a capitanes y oficiales hacia regímenes especiales con menor protección, generando un «vacío legal» en aspectos como la antigüedad, la estabilidad y las indemnizaciones.
Además, alertó sobre posibles restricciones en licencias por enfermedad y maternidad/paternidad, y criticó que se califique al transporte marítimo como servicio esencial, lo que obligaría a mantener un 75% de operatividad durante medidas de fuerza, limitando, a su juicio, la capacidad de protesta.