Imaginemos una Argentina sin aviones, sin autos y sin trenes, con solo unas trece o quince ciudades poco comunicadas entre sí, en medio de millones de hectáreas de tierra feraz. Incluso cabe dudar si aquellas pueden ser llamadas ciudades, dado que varias no habrían tenido más que unas pocas manzanas, con calles de barro y sin agua corriente. Lo que se describe no es una fantasía apocalíptica, sino un retrato del territorio argentino unos 150 años atrás, justo cuando ese cuadro comenzaría a cambiar. De pronto el “desierto” se llenó de ciudades, ferrocarriles, puertos, tiendas comerciales, diarios, bibliotecas, escuelas públicas y muchas cosas más.
La ciencia y las universidades también entraron en escena. Desde el siglo XIX el Estado fue actor clave en el desarrollo (científico) argentino, aunque estuvo lejos de ser el único. Entre las décadas de 1860 y 1870 impulsó los colegios nacionales, los museos, las bibliotecas y las escuelas populares. Destacaremos que el Museo de Ciencias Naturales (había sido fundado en 1822) y el Observatorio Astronómico de Córdoba (data de 1871) no fueron cáscaras vacías, sino que contaron con expertos como el norteamericano Benjamin Gould y el alemán Karl Burmeister que se establecieron durante años en el país. La inmigración comenzaba a afluir masivamente. Luego llegarían otros científicos del norte, muchos de ellos, alemanes como el especialista en neurociencias Christofredo Jakob y el físico Richard Gans. La lista es larga. El estado les pagó sus salarios y les costeó insumos mientras las universidades comenzaban a crecer de la mano de los hijos de los inmigrantes.
Las nuevas generaciones presionarían por pasar al centro de la escena. La reforma universitaria de 1918 condensaría la voz de la nueva generación. Sus planteos tuvieron eco más allá de los claustros y desbordaron las fronteras de la Argentina. Se reclamaba una universidad a la altura de los tiempos, capaz de producir conocimientos y formar investigadores. Se demandaba más presupuesto para contar con más laboratorios e institutos de investigación, así como también para disponer de una oferta de becas de perfeccionamiento gracias a las cuales los jóvenes pudieran especializarse. Se quería sustituir la “importación” de científicos extranjeros por la formación una creciente masa crítica de argentinos comprometidos con el país y de esta manera dar respuesta a las demandas de una sociedad en plena democratización.
Entre ellos sobresalió Bernardo Houssay. Su nombre se volvería, casi, una “marca país” gracias al Premio Nobel obtenido en 1947 por haber descubierto la hipófisis e impulsado la endocrinología. Pero no es esta faceta la que aquí nos interesa, sino su papel como gestor científico. Houssay reclamó al Estado que atendiera el campo científico desde un cuarto de siglo antes de la creación del CONICET en 1958. Presidió a partir de 1933 la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC), reconocida a nivel global gracias a las becas internacionales que logró sostener con el aporte del Estado. Sus argumentos iban en dos direcciones: por un lado, insistía en que la Argentina no podría contarse entre los países civilizados si no hacía algo para desarrollarse científicamente; por otro lado, también su desarrollo industrial quedaría rezagado. Sobre esta base AAPC elevó proyectos de ley al Congreso para reclamar dedicaciones exclusivas para los investigadores y acompañó la creación del CONICET del cual Houssay fue su primer director.
Hubo muchas otras políticas científicas impulsadas por el Estado en el largo siglo y medio en el que este fue protagonista del desarrollo científico argentino: el ya centenario Instituto Bacteriológico (hoy, ANLIS Malbrán), la Comisión Nacional de Energía Atómica fundada por un Perón preocupado por la defensa de la soberanía científica. Más tarde, un sinnúmero de institutos especializados que todavía funcionan en el seno del CONICET. Atravesaron gobiernos de muy variado color político, algunos de base democrática, pero otros en sus antípodas. Muchas veces les tocó sortear épocas de vacas flacas.
La situación actual sin embargo carece de precedentes: un gobierno elegido democráticamente asfixia financieramente el CONICET por razones que exceden las estrictamente vinculadas con los recortes presupuestarios. Quizás este recorrido acerca del papel del Estado en la ciencia argentina en larga duración ayude a tomar conciencia de lo crucial del momento actual para el sistema científico nacional.
–Miranda Lida es vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Es profesora de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET.
por Miranda Lida