[Dossier] 7 Claves Ambientales para decirdir el voto en PBA

Cada clave ambiental muestra la desigualdad, la depredación y la resistencia de comunidades frente a modelos extractivistas, ya sea más neoliberales o más «desarrollistas». La disputa central es por un modelo de provincia que priorice la vida y los ecosistemas o que mantenga el saqueo al servicio de grandes corporaciones y sectores concentrados.

1. Basurales a cielo abierto y gestión de residuos

En la provincia de Buenos Aires existen entre 70 y 80 basurales a cielo abierto oficialmente reconocidos, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Estos sitios, donde los residuos se disponen de forma indiscriminada sin control ambiental, se encuentran principalmente en zonas urbanas y periurbanas densamente pobladas. Esto genera contaminación del aire, el suelo y el agua, proliferación de enfermedades y condiciones de vida inhumanas para quienes habitan cerca o dependen del trabajo informal de recolección.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: rechaza toda regulación ambiental. Bajo esta mirada los basurales pueden multiplicarse si ningún privado ve un “negocio” en esa basura. Intervienen estatalmente de forma represiva cuando es en beneficio de los empresarios que incumplen las leyes laborales y ambientales.

• Fuerza Patria: impulsan programas estatales como Mi Provincia recicla o el GIRSU, pero al mismo tiempo permiten que la gestión de los residuos quede en manos privadas. La ayuda estatal apenas alcanza de forma precaria a una mínima parte de los trabajadores del sector. Cuando los empresarios lo exigen, permiten despidos en empresas claves para estos tratamientos como es el CEAMSE San Martín y el cierre de la planta de biogás de J.F. Secco. No cuestionan el origen estructural de la problemática.

• Frente de Izquierda Unidad: vinculan el problema de la basura con una crítica al modelo de producción y consumo capitalista. Señalan la responsabilidad empresarial en la generación, uso y descarte de materiales, así como en la gestión privatizada de residuos, tratada como un negocio que externaliza costos socioambientales. Proponen estatizar la gestión de residuos bajo control de trabajadores y comunidades, garantizar derechos a cooperativas y recicladores urbanos, avanzar en la recuperación y reciclado con separación en origen, prohibir la obsolescencia programada, y cerrar progresivamente los basurales a cielo abierto con inversión en infraestructura, en articulación con especialistas y universidades públicas.

2. Humedales: territorio y resistencia

Los humedales bonaerenses cumplen funciones vitales para la biodiversidad y el equilibrio climático. Sin embargo, su destrucción avanza por la especulación inmobiliaria y los intereses del agronegocio y la minería. La Ley de Humedales sigue siendo una deuda nacional, mientras los sectores populares sufren inundaciones y pérdida de espacios vitales.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: prioriza la inversión privada y flexibiliza la protección ambiental. En territorios gobernados por radicales o el PRO, se habilita de forma sistemática el avance privado sobre estos ecosistemas.

• Fuerza Patria: no tienen una posición unificada, aunque algunos referentes apoyaron proyectos de ley, la mayoría ceden al lobby empresarial. Axel Kicillof, fue responsable —con Sergio Berni a la cabeza— del brutal desalojo en Guernica, donde decenas de familias sin techo fueron reprimidas en plena pandemia. Una vara muy distinta a la que se aplica frente a los empresarios y millonarios que se apropian de tierras sin sufrir ningún operativo represivo.

• Frente de Izquierda Unidad: mantiene una postura coherente en defensa de los humedales. Presentó su propio proyecto de ley, apoyó el texto consensuado por organizaciones socioambientales y denuncia el rol de corporaciones como Techint en la destrucción ambiental, el avance de la frontera agropecuaria, las quemas intencionales, el desarrollo inmobiliario (como la construcción de countries y barrios privados), y la especulación con la tierra. Propone la protección inmediata de humedales, frenar todos los emprendimientos que avancen sobre bienes comunes naturales y una planificación territorial y ecológica decidida desde abajo, garantizando el derecho a la vivienda.

3. Cuenca Matanza-Riachuelo: agua contaminada y desigualdad

La cuenca más contaminada de la región concentra industrias, barrios populares y vertidos que afectan la salud y el ambiente. La contaminación de agua y suelos impacta en la vida cotidiana de millones.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: emitieron un decreto para desmantelar entes como ACUMAR, ajustan la salud pública donde se atienden las niñeces afectadas y alegan que no hay plata para obras, mientras a las empresas contaminantes se les da más beneficios y flexibilización de regulaciones socioambientales. De acuerdo con el presidente Javier Milei, una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera porque, en ese caso, significa que el agua no es un bien que valga la pena considerar.

• Fuerza Patria: suele reivindicar la creación de ACUMAR y algunas obras puntuales (como plantas de tratamiento o relocalización de viviendas). Sin embargo, son quienes gobiernan desde hace años en distritos como La Matanza, Lomas de Zamora o Lanús, donde el saneamiento sigue sin llegar a los barrios más afectados, donde las obras no se terminan y donde la tolerancia a la contaminación empresarial ha sido más fuerte que las necesidades sociales.

• Frente de Izquierda Unidad: viene acompañando a las y los trabajadores de ACUMAR y a las comunidades que denuncian contaminación. Proponen frenar el desmantelamiento y una solución de fondo del problema con inversión pública con control social, reconversión de las empresas contaminantes con control de comités de trabajadores y vecinos, y la urbanización integral y/o relocalización de los asentamientos con toda la infraestructura necesaria.

4. Agroquímicos: cuerpos y territorios envenenados

El modelo de monocultivo transgénico y fumigaciones masivas en la provincia genera enfermedades, contaminación del agua, aire y alimentos. Comunidades organizadas reclaman zonas de exclusión y transición agroecológica.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: promueven las desregulaciones de drones, baja de impuestos a los agrotóxicos y baja de retenciones al agro. Busca desmantelar organismos como el INTA, especialmente las líneas críticas y vinculadas a agricultura familiar. Solo en tres meses, Molinos Agro ganó 25 millones de dólares por la baja de retenciones, concentrando riqueza y profundizando la desigualdad, mientras los costos ambientales y sanitarios los paga la población.

• Fuerza Patria: dicen defender la soberanía alimentaria y promueven ferias agroecológicas o experiencias puntuales, en la práctica sostienen y profundizan el modelo sojero-exportador. En la provincia, no se aplican zonas de exclusión efectivas, ni se hacen cumplir los fallos que ordenan frenar fumigaciones. Se prioriza el ingreso de divisas, aunque implique envenenar escuelas rurales y pueblos enteros.

• Frente de Izquierda Unidad: la única fuerza que plantea abiertamente el fin del modelo del agronegocio y la necesidad de una transición agroecológica desde abajo. Proponen prohibir las fumigaciones aéreas completamente y limitar las terrestres con zonas de exclusión de 3000 metros cerca de escuelas, viviendas y cursos de agua; una transición agroecológica que priorice la salud integralmente, y la expropiación de la tierra a los grandes grupos económicos, acompañando a los trabajadores rurales y campesinos en sus demandas. Esto se enmarca dentro un plan más general para el control de recursos estratégicos del modelo agro-exportador como la nacionalización de los puertos y el comercio exterior.

5. Derecho al agua: desigualdad hídrica y privatización

Millones en la provincia no tienen acceso seguro al agua. Pozos contaminados con arsénico y agrotóxicos, redes colapsadas y obras que faltan muestran la desigualdad hídrica. La privatización de AySA y convenios con Mekorot profundizan la mercantilización del recurso.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: consideran que el agua no debe ser un derecho garantizado por el Estado, sino una mercancía más, aunque eso signifique que haya barrios enteros desconectados del servicio por no poder pagarlo. Rechazan cualquier regulación que limite la “libertad de empresa” y proponen abrir el negocio del agua a empresas privadas con la privatización de AySA.

• Fuerza Patria: rechazan la privatización de AySA y denuncian los decretos de Milei como una “entrega de un recurso estratégico”. Sin embargo, durante sus gestiones no resuelven la crisis estructural del servicio, fomentan acuerdos con Mekorot y no la participación comunitaria. En muchas zonas donde gobiernan, los pozos siguen contaminados, los barrios siguen sin red y las obras no se hacen.

• Frente de Izquierda Unidad: defienden el acceso al agua como un derecho humano no mercantilizable, y se oponen a cualquier intento de privatización. Plantean que AySA debe estar bajo control y gestión directa de trabajadores y comités vecinales, con participación desde abajo, presupuesto público y obras prioritarias en los barrios más postergados. Exigen prohibir los cortes de agua por falta de pago y garantizar agua segura para todas las familias, tanto en el AMBA como en el interior. Rechazan los acuerdos con Mekorot.
  

  ---

6. Adaptación urbana frente a desastres climáticos

Inundaciones, olas de calor, tormentas extremas y sequías afectan con mayor fuerza a sectores populares. La combinación de cambio climático y políticas urbanas insuficientes genera mayor vulnerabilidad. Medidas necesarias según IPCC: mitigación de emisiones, adaptación urbana con drenajes, alerta temprana, vegetación urbana y eficiencia energética.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: niegan el cambio climático, en línea con la avanzada anticientífica internacional que beneficia a sectores concentrados y financieros. Cuando los desastres ocurren “no hay plata”, en nombre del equilibrio fiscal. Milei vetó la ayuda de emergencia para Bahía Blanca tras el temporal. Dentro de la misma alianza, el PRO impulsa un “capitalismo verde” que transforma la crisis en negocio para empresarios amigos, bajo la misma lógica de mercantilización que está en la base de los problemas socioambientales.

• Fuerza Patria: reconocen el problema pero sostienen un modelo extractivista, apoyando a empresas petroleras, mineras y del agronegocio. Postulan que se debe superar la disyuntiva entre desarrollo y ambiente, pero en la práctica priorizan el pago de la deuda externa con actividades del sector primario para la exportación, perjudiciales para la poblaciones y los ecosistemas. Tampoco impulsan medidas de adaptación, mucho menos de mitigación ni de planificación energética.

• Frente de Izquierda Unidad: plantea la emergencia climática como una cuestión central e integral, denunciando el régimen extractivista como causa estructural de la crisis climática y ecológica en los territorios. Mientras acompaña la exigencia de medidas paliativas urgentes para las familias que sufren los desastres ambientales, propone una transformación profunda del modelo productivo, señalando la responsabilidad de las grandes corporaciones. Solo bajo la reorganización de la producción con control de trabajadores y comunidades, se puede poner fin a las actividades más destructivas y garantizar un plan de obras y servicios en función de las necesidades sociales.

7. Mar argentino y costas bonaerenses

La exploración y explotación petrolera offshore, la pesca ilegal, la contaminación por plásticos y la erosión costera amenazan ecosistemas y comunidades. El “Atlanticazo” y la organización local muestran resistencia.

Propuestas en disputa:

• Alianza Avanza La Libertad: promueve sin matices la explotación offshore. El Gordo Dan, uno de los voceros del gobierno, expresó que hay que reventar todo el fondo marino que se veían en el streaming del Conicet.

• Fuerza Patria: promulga la necesidad de conseguir divisas mediante el extractivismo. Por eso, quiere avanzar con los proyectos de exploración petrolera, en línea con YPF y socios extranjeros. No hay grietas con la derecha en torno al mandato exportador.

• Frente de Izquierda Unidad: rechaza la explotación petrolera offshore y denuncia el extractivismo como causa estructural de la crisis climática. Propone prohibir la exploración en el Mar Argentino, un plan integral de protección de las costas con participación de trabajadores y comunidades, y una transición energética no atada a corporaciones.