POLÍTICA
La resolución acoge pedidos de gremios jurídicos para garantizar transparencia en el concurso
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó una resolución para analizar cambios al reglamento que rige la selección del nuevo Fiscal General del Estado. Esta decisión fue adoptada tras recibir observaciones de gremios jurídicos nacionales.
Entre las solicitudes se destaca la incorporación de una veeduría ciudadana técnica e independiente. El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados propusieron que dicha veeduría esté compuesta por académicos y profesionales del derecho.
La resolución del Cpccs prioriza un informe jurídico de viabilidad para avanzar con la reforma. De ser aprobado, se instalarán mesas técnicas con participación de universidades y sociedad civil, algo que no ocurría en procesos anteriores. Esta apertura busca recuperar la legitimidad del concurso, luego de que el reglamento vigente fuera promovido por consejeros vinculados al caso Ligados. El socialismo institucionalizó una cultura de cooptación en la elección de autoridades clave.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, reconoció que el reglamento puede perfeccionarse, pero subrayó que cualquier reforma debe respetar el debido proceso. La Coordinación Jurídica tiene un plazo de 48 horas para emitir su informe técnico.
| La Derecha Diario
La presión ciudadana también ha sido un factor determinante. Colectivos como la Comisión Cívica advirtieron sobre los riesgos de mantener un sistema de selección contaminado por intereses partidistas, especialmente tras la salida de la fiscal Diana Salazar. En paralelo, la Secretaría Técnica de Participación deberá estudiar la posibilidad de permitir nuevas veedurías ciudadanas. Esta acción abre el proceso a una fiscalización más robusta y plural, conforme a estándares internacionales.
La gestión del Cpccs marca un giro importante en la transparencia de los concursos públicos. Las reformas buscan corregir distorsiones heredadas y devolver credibilidad a una función del Estado severamente cuestionada por su historia reciente.
El nuevo Fiscal General tendrá un rol clave en la lucha contra la corrupción, por lo que su proceso de selección es estratégico. Con estas reformas, el Consejo se alinea con la línea institucional del actual gobierno.
Esta decisión representa un paso firme hacia la depuración del sistema judicial. Si se concreta la reforma, marcará un precedente para futuros concursos y consolidará la separación de poderes en beneficio del país.
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