La crisis de combustible en Bolivia se agrava. El país ha atravesado más de un año con escasez recurrente. Pero finalmente el gobierno masista de Luis Arce reconoció que no tiene los dólares suficientes para importar carburantes.
Esta admisión, que llega en medio de largas filas en surtidores y el malestar de sectores productivos. Evidenciando notablemente la fragilidad del sistema de abastecimiento del régimen. En este contexto se han incrementado los cuestionamientos al gobierno y su incapacidad para poder solucionar estos problemas
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, atribuyó la crisis al «bloqueo» de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el régimen, el acceso a estos fondos permitiría mejorar la liquidez y garantizar la compra de combustibles.
Sin embargo, los créditos pendientes suman 1.228 millones de dólares. La mayoría de estos están destinados a proyectos específicos y no a la adquisición de carburantes.
Desde 2021 hasta 2024, Bolivia ha gastado 12.500 millones de dólares en la importación de combustible. Pese a esta inversión, la oferta sigue siendo insuficiente debido a la creciente demanda y la dependencia del mercado internacional. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que semanalmente se requieren 60 millones de dólares para comprar diésel y gasolina.
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A medida que la situación se torna más crítica, el masismo ha planteado una solución parcial. Esta consiste en vender combustible a precio internacional para los sectores minero y agropecuario. Esta medida, sin embargo, ha sido rechazada por los productores, quienes consideran que el Estado debe facilitar la libre importación sin intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La crisis de combustible afecta de manera directa a la economía. La cosecha de verano, que representa más de 2.000 millones de dólares en movimiento económico, está en riesgo por la falta de diésel. En varias regiones, productores han bloqueado caminos exigiendo garantías para el suministro de carburantes.
Armin Dorgathen, presidente de YPFB, admitió que la empresa solo puede cubrir entre un 40% y 50% de la demanda. También reveló que hay 500 cisternas cargadas de combustible que no pueden ingresar al país por falta de pago. En un intento por destrabar la situación, se anunció el pronto desembolso de los recursos necesarios para liberar estos cargamentos.
La crisis no solo afecta al sector agropecuario y minero, sino también a la industria y el transporte. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió que la escasez de combustible compromete la producción y el abastecimiento de alimentos. Según él, es urgente debatir el futuro de la subvención y establecer una política energética sostenible.
¿La población ya no cree en promesas?
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El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, acusó al Gobierno de «mentir sistemáticamente«. Exigió la liberación inmediata de las importaciones sin regulaciones excesivas. Aseguró que el sector privado puede abastecer el mercado si se eliminan las trabas burocráticas.
Desde la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), Jorge Méndez también se pronunció en contra de la intermediación de YPFB. Según la autoridad, el Gobierno no tiene dinero para sostener el sistema actual y debería permitir que los privados asuman la responsabilidad de la importación.
La situación también ha generado tensiones políticas. La ministra Prada defendió la gestión de Arce y acusó a la oposición de intentar un «sabotaje económico y político«. Aseguró que el Gobierno no cederá a presiones y continuará en el poder hasta las próximas elecciones.
Mientras el Gobierno le atribuye la crisis a sus detractores, las filas en los surtidores se alargan. La población teme que el desabastecimiento se extienda a otros productos esenciales si no se encuentra una solución pronta.
El régimen insiste en que la crisis de combustible es solo un problema momentáneo y que la estabilidad está asegurada, la realidad en las calles muestra una situación muy distinta. Las largas filas, la incertidumbre y el malestar de la población reflejan una desconfianza creciente en un discurso oficial que cada vez encuentra menos respaldo. Las promesas se repiten, pero la escasez persiste.