En un hecho inédito y grave, este lunes comenzó un juicio penal sobre nueve integrantes de la Base Riarte de la Comunidad Indio Colalao, ubicada en el límite entre Tucumán y Salta. En este proceso están siendo criminalizados por defender su territorio ancestral, acusados de usurpación y amenazas. Quienes denunciaron a los integrantes de la comunidad son los empresarios Jorge Posse y Freddy Moreno Núñez Vela , parte de un pool de terratenientes tucumanos y salteños que siembra soja.
Este proceso fraudulento surge tras la unificación de 30 denuncias que los empresarios realizaron desde hace décadas, como parte de su intento de apropiarse de estas tierras. Sin embargo, son estos terratenientes quienes hace años sistemáticamente hostigan a la Comunidad Indio Colalao con amenazas, matanza de animales y hasta envenenamiento de los pozos de agua
Posse y Moreno Núñez Vela alegan ser los dueños de las tierras, compradas a la familia Prat-Gay a mediados de los 90, por lo que buscan desalojar a unas 36 familias originarias. “Nuestra existencia como pueblos originarios pre-existe al Estado nación y a la conformación de las provincias. En el caso de la Comunidad Indio Colalao, y en particular de la Base Riarte, hay registros donde la Corona Española reconoce a los Colalaos y Tolombones como habitantes de la zona. Las investigaciones científicas mencionan por lo menos unos 1500 a 2000 años atrás, pertenecientes al pueblo diaguita. Cuando se creó el catastro provincial, se dió cuenta de la existencia de familias en ese territorio”, sostienen los pobladores.
Este proceso judicial demuestra la complacencia de la Justicia con los poderosos, ya que las denuncias de la comunidad originaria fueron desestimadas mientras que la de los terratenientes han tenido eco y se amalgamaron en esta causa construida para demonizar a los pobladores de Base Riarte. “Hemos acudido a los estrados de estos mismos tribunales buscando respaldo y soluciones ante este avasallamiento. Nuestras denuncias nunca tienen la atención correspondiente. Sólo avanzan las denuncias que buscan criminalizar nuestra existencia”, denuncian desde la Comunidad Indio Colalao.
Esta causa ha sido tomado por las entidades patronales como la Sociedad Rural y Apronor como un “caso testigo” de sus intenciones de apropiarse de tierras de los pueblos originarios. Por ello han expresado mediáticamente su “preocupación” porque “se respete la propiedad privada”. Esta avanzada terrateniente no podría darse tampoco sin la complicidad de los gobiernos de Jaldo y Milei, el cual viene de habilitar el desalojo de las comunidades de sus territorios ancestrales al dejar sin efecto artículos de la ley 26.160.