En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió este martes la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La gestión pasará ahora a manos de las provincias, los municipios y el sector privado.
La disolución se concretó a través del Decreto 70/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.
La decisión, según comunicaron, “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
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En este sentido, desde el Gobierno explicaron que la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.
Sostuvieron que los fondos fiduciarios habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. “A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”, indicaron en un comunicado.
En primer lugar – enumeraron – mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
En este caso, «la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa PROCREAR» como, por ejemplo, demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
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En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento «había sido utilizado con finalidades políticas y clientelísticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos».
Por último, adelantaron que «el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)».
En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
«El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicaron.
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