San Fernando de Henares (Madrid), 20 ene (EFE).- El excomisario José Villarejo y el resto de acusados del juicio por los encargos de Repsol y CaixaBank para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex declararán en la recta final de la vista oral, una vez se practiquen el resto de pruebas.
Así lo ha decidido este lunes la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha admitido la petición -formulada en este sentido- de las defensas, las cuales han cargado en esta primera sesión contra la cadena de custodia de las pruebas incautadas, las cuales han impugnado.
En el trámite de cuestiones previas, se han opuesto, asimismo, a que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el que fuera su homólogo en CaixaBank en la época de los hechos, Isidro Fainé, declaren como testigos, tal como ha interesado la acusación del empresario Luis del Rivero.
Durante su intervención, Daniel Campos, abogado del exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo, ha afeado a la representación de Del Rivero que justifique ambas testificales y asegure que Brufau y Fainé «tomaron la iniciativa de contratar a Villarejo» cuando «no hay documento ni declaración en la causa que lo diga».
También se ha opuesto a que se incluya como testigos al ex director ejecutivo de Pemex Juan José Suárez Coppel y al antiguo director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de la compañía mexicana José Manuel Carrera Panizzo.
«Se dice que fueron objeto de interceptación telefónica. ¿Pero dónde se dice eso en la causa?», ha lamentado Campos, que ha pedido a la sala que no acepte todas estas declaraciones «motivadas por un interés extrajudicial».
Y es que el tribunal ha sido generoso «permitiendo que vengan aquí muchas personas vinculadas a Sacyr y Pemex, pero no puede permitir meter nuevos hechos distintos sobre los que no han versado la investigación ni las declaraciones» de su defendido.
Las defensas, que en términos generales han coincidido con la Fiscalía Anticorrupción en que declare el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, han puesto el foco en la cadena de custodia de toda la documentación incautada en el marco de las entradas y registros que iniciaron, en 2017, la pieza ‘King’, la causa principal sobre los negocios del excomisario.
De ese procedimiento «se han desgajado cincuenta o más piezas separadas», incluida esta, «lo que supone un hito en los anales de la Justicia española», han incidido.
«Esta causa nace con vocación de prospectividad con la única intención de hacerse con documentos, escritos y grabaciones de Villarejo», ha reprochado Antonio Tapia, letrado de Rafael Redondo, considerado por los investigadores «socio» de Villarejo.
Una calificación que ha negado Tapia, que ha aportado un documento expedido por Cenyt, sociedad del expolicía, para demostrar que «no es ni ha sido nunca socio del señor Villarejo».
Desde su punto de vista, el auto de entrada y registro «es un blanqueamiento de una investigación prospectiva», lo que «vicia» todo el caso y bastaría para anular el material. Además, el acta que formuló la letrada de la Administración de Justicia «es un ejemplo de cómo no hay que hacerlo».
«Todos los efectos informáticos estuvieron, cuanto menos, 17 días en el limbo procesal», ha señalado Tapia, lo que ha descartado la Fiscalía Anticorrupción, que ha respondido que «diez días después de terminar con las entradas, ya se empezó a remitir al Juzgado Central de Instrucción los objetos intervenidos».
Los abogados defensores, a excepción del de Redondo, han solicitado a la sala que preside Teresa Palacios que exima a sus clientes de tener que acudir a la totalidad de las sesiones por diversos motivos médicos. En el caso de Villarejo, porque tiene pendiente una operación de espalda.
«Achaquitos tenemos todos. Si nos ponemos así, nos quedamos solos», ha bromeado Palacios, que ha dado traslado a las acusaciones, incluido el Ministerio Público, quien «partiendo de la base de que sería mejor que vinieran», no se ha opuesto a que puedan ausentarse en días concretos por cuestiones de salud.
Dado el cambio en el guión, el tribunal retomará la vista mañana, a las 11:00 horas, con la declaración de un instructor de Asuntos Internos.
Esta pieza separada sobre los negocios del excomisario se centra en el proyecto ‘Wine’, que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.
La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para el excomisario; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; 21 para el que fuera su ‘número dos’, Rafael Girona, y otros 21 para el exresponsable de Seguridad en CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
La Fiscalía atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil. EFE