Casa Rosada busca empujar, aún sin acuerdos, la actividad legislativa en los primeros meses del 2025. Los miembros de la Corte, también en agenda.
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Tras la prórroga del Presupuesto, la oposición busca limitar por ley la reasignación de partidas
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Apuran negociaciones para convocar a extraordinarias: «Estamos trabajando para lograr consenso»
Con anuncio del portavoz presidencial mediante, el Gobierno oficializó en diciembre una convocatoria a sesiones extraordinarias para las últimas dos semanas del 2024. Sin embargo, nunca se concretaron. Desde ese momento, el Ejecutivo reiteró su intención de tener actividad en el Congreso por fuera del calendario oficial, pero su voluntad se circunscribió a declaraciones mediáticas.
Bloques aliados y opositores señalaron a este medio que no fueron informados sobre ninguna convocatoria para sesionar en enero o febrero. «La intención está, pero no tenemos fecha», indicaron desde Casa Rosada. «No hay ninguna definición al respecto. Nadie sabe nada de eso«, respondieron minutos después desde el bloque legislativo de La Libertad Avanza. «Esa negociación la lleva a cabo el Ejecutivo», aseguraron desde el entorno de Victoria Villarruel, presidenta del Senado, explicitando la creciente distancia con su compañero de fórmula.
Aún en esa ambigüedad, e incluso pese a la reticencia de los armadores de su bancada de diputados, el Gobierno no descarta enviar la convocatoria hasta el 15 de febrero. Incluso ese anuncio podría publicarse esta semana. «Estamos evaluando un conjunto de temas para saber si llamamos a la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso», aseguró este miércoles el Presidente entrevistado por la radio El Observador. El año parlamentario es extenso y el Gobierno lo quiere utilizar como termómetro de humor social a sus propuestas.
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Javier Milei se reunió con funcionarios libertarios y diputados radicales en la última semana del año.
Presidencia
Sesiones extraordinarias: la agenda del Gobierno
La iniciativa legislativa que ocupará el eje de prioridades del oficialismo es la reforma política, que incluye esencialmente la eliminación de las elecciones PASO. La estructura libertaria remarcó en distintas oportunidades que no adhiere a una suspensión temporal -como propone el peronismo- ni a una supresión de la obligatoriedad -como deseaba el PRO-: apuntan a la derogación definitiva.
Los cálculos de Casa Rosada estiman que si se eliminan las PASO se reduciría el calendario electoral, por lo que aún habría tiempo para la aplicación del nuevo esquema este mismo año. Más allá de eso, interpretan conveniencia proselitista (no precisan resolver internas) y un aliciente a su narrativa austera (por el costo de una instancia electoral). Todo ese escenario se altera si avanzan sus insinuaciones de aliarse con dirigentes de la UCR y el PRO en distritos peronistas. Para que eso sea posible sin primarias, tendrían que someter a todos los bloques que se le adhieran.
Pese a una reciente adhesión del PRO, La Libertad Avanza no tiene los apoyos necesarios ni para este proyecto ni para otro de sus principales intereses: la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para que integren la Corte Suprema de Justicia. Es entonces cuando apuntan al volumen político de Unión por la Patria, que no tiene postura unánime sobre las PASO pero cuenta con interés en una ampliación de los miembros del máximo tribunal, reforma que le suena cada vez más amigable al Ejecutivo.