Ariel Máximo Cantero sabe que para él solo existen dos maneras de salir de la cárcel: fugado o muerto. «Guille» -como se lo conoce- es uno de los jefes de la narcobanda rosarina Los Monos y el preso con la condena a prisión más alta del país: 113 años y ocho meses.
Cantero está encerrado desde el 21 de junio de 2013. Pasó por los penales de Ezeiza, Coronda, Rawson y Chaco. Actualmente se encuentra alojado en el penal Marcos Paz, aislado del resto de la población carcelaria, y a partir de ahora ni siquiera podrá hablar por teléfono con su familia.
Para evitar que siga impartiendo órdenes a otros miembros de la organización, la Justicia resolvió que solo pueda comunicarse telefónicamente con su abogado defensor. Ni con su pareja Vanesa Barrios ni con sus hijos.
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La medida fue dispuesta por el juez federal en lo Criminal Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez, y también afecta a su sobrino, Uriel Luciano Cantero, alias «Lucho», quien al igual que él permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz.
Rodríguez aceptó el planteo realizado por los fiscales Sebastián Basso, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia n°1 de Morón, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación (Procunar).
Basso e Iglesias hicieron hincapié en los antecedentes intramuros de los acusados desde 2021 a la fecha: «Las medidas que se aplicaron año tras año para su erradicación no resultaron suficientes, puesto que, a pesar de los esfuerzos adoptados, éstas fueron sistemáticamente transgredidas».
Los fiscales destacaron las «serias amenazas contra la seguridad de la población en general y en particular, de los distintos operadores del sistema de administración de justicia, tales como jueces, fiscales, defensores, sus allegados y familiares».
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Además señalaron que el último informe de la Procunar, realizado este mes, surge que «aún con las medidas de seguridad complementarias y específicas aplicadas no se logró menguar la actividad que se proponía desbaratar».
En la resolución se indica que «Ariel Máximo Cantero, con la colaboración de otros actores, fue ingeniándose para eludir las limitaciones impuestas con el propósito de continuar comandando la estructura narco criminal que lo tiene como cabecilla y por la cual cumple condena de prisión».
Para los investigadores del caso, “Guille” y su sobrino “Lucho” organizaron maniobras de tráfico de estupefacientes en forma continua desde el día 13 de noviembre de 2022 y el 22 de marzo de 2024. «La operatoria de la estructura criminal -dice el escrito- fue dirigida por ambos acusados desde el interior de Marcos Paz y el Complejo Federal de Jóvenes Adultos respectivamente».
Uno de los hechos que mencionan los funcionarios del Poder Judicial para justificar la medida es la polémica bandera que apareció en el partido de despedida a «Maxi» Rodríguez, en junio de 2023.
El trapo gigante fue descolgado en el estadio de Newell’s con un dibujo de un mono con lentes, un pollo y un toro, en alusión a tres miembros de la organización: «Guille» Cantero, Leandro «Pollo» Vinardi y Carlos «Toro» Escobar.
«Utilizando este accionar se pudo detectar a Cantero en la coordinación y dirección del despliegue de una bandera dentro del estadio de Newell’s, para lo cual utilizó las líneas telefónicas provistas por el Servicio Penitenciario Federal. Cantero habló al respecto con Vinardi “…no tienen que dejar encontrarla boludo (…) No tienen que darle el gusto, que no te la encuentren boludo”, dice el escrito.
Los funcionarios lamentaron que «los esfuerzos judiciales y administrativos no fueron obstáculos para que los nombrados Cantero y su séquito encuentren nuevos artilugios para comunicarse indebidamente entre sí..”.
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Por esa razón, y entre otras cosas, pidieron “reforzar el alcance de las medidas previstas en el Sistema Integral en relación al control de las comunicaciones, la urgente instalación de bloqueadores e inhibidores de frecuencia y la celebración de nuevas mesas de trabajo en las que tomen parte actores de otros poderes del Estado tanto nacionales como provinciales, en miras a desarrollar programas tendientes a hacer cesar la criminalidad intramuros y fortalecer el trabajo conjunto en una perspectiva integral de política criminal respecto a este singular y complejo fenómeno”.
LN