El Juzgado Nacional en lo Comercial N°15 rechazó el pedido de quiebra presentado por la panadería Pan Danés y dispuso iniciar un procedimiento de salvataje empresario para que acreedores, inversores o una cooperativa de trabajadores puedan adquirir la compañía y evitar su liquidación.
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°15, a cargo del juez subrogante Pablo Daniel Frick, rechazó la solicitud de quiebra presentada por la panadería Pan Danés y abrió un proceso de salvataje empresario, previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. La decisión se adoptó luego de que la socia gerente de la empresa, Lise Lundme Funch, pidiera formalmente la quiebra el pasado 2 de octubre, el mismo día en que la compañía cerró todos sus locales y comunicó a sus trabajadores que dejaran de concurrir a sus puestos.
La empresa había solicitado su propio concurso preventivo en noviembre de 2025, con activos declarados por $2.206,6 millones y deudas por $1.218,9 millones. Entre sus principales acreedores se encontraban el Banco Galicia, con préstamos por $430,7 millones, y ARCA, con $385,3 millones correspondientes a planes de pago. En su presentación, la compañía reconoció que el concurso no había logrado revertir su situación económica y que continuar operando implicaría profundizar los incumplimientos con trabajadores, proveedores y acreedores.
El juez Frick consideró que, ante el fracaso del acuerdo preventivo y al reunirse las condiciones legales para aplicar el artículo 48 de la Ley 24.522, correspondía abrir el procedimiento de salvataje antes de declarar la quiebra. El magistrado explicó que se trata de una segunda instancia de negociación en la que pueden intervenir terceros interesados en adquirir la sociedad y formular una propuesta a sus acreedores. Además, señaló que el salvataje es obligatorio cuando se cumplen los requisitos legales, incluso si la empresa ya dejó de funcionar.
La resolución dispuso la apertura de un registro durante cinco días para que puedan inscribirse acreedores, terceros interesados y una eventual cooperativa de trabajo que pudieran constituir los empleados de Pan Danés. Quienes quieran participar deberán presentarse en el expediente judicial y acreditar un depósito de $200.000 destinado a afrontar los gastos de publicación de edictos. El plazo de inscripción comenzará a correr a partir de la publicación del último aviso en el Boletín Oficial.
El magistrado también dispuso reforzar el control sobre la administración de la compañía. La gerencia continuará al frente, pero la sindicatura pasará a ejercer la coadministración, con intervención en las decisiones de la sociedad y obligación de presentar informes quincenales. Si el salvataje prospera, un interesado podría alcanzar un acuerdo con los acreedores y adquirir la sociedad. En caso contrario, el proceso podría terminar con la declaración de quiebra.
En su escrito, la compañía había explicado que recurrió al concurso con la expectativa de reestructurar sus deudas y preservar los puestos de trabajo. Durante ese proceso renegoció alquileres, cambió proveedores, amplió su oferta de productos, buscó acuerdos fiscales y cerró sucursales que ya no resultaban rentables. «Sin embargo, aquellas expectativas se vieron frustradas», reconoció la empresa. Agregó que distintos factores económicos impidieron alcanzar el objetivo.
Uno de los principales problemas fue la caída de las ventas. «El sector de la panificación atraviesa en nuestro país una crisis profunda y estructural, que se ha traducido en el cierre masivo de establecimientos y en una retracción generalizada de la demanda», sostuvo la compañía. En su caso particular, aseguró que la caída del consumo superó el 50% de su volumen histórico.
El retroceso de las ventas también dejó al descubierto otro problema: el tamaño de la estructura industrial desarrollada durante los años de expansión. En noviembre de 2022, Pan Danés había inaugurado una planta de 1.778 metros cuadrados en Barracas, concebida para abastecer hasta 50 locales propios. Sin embargo, el cierre progresivo de sucursales dejó buena parte de esa capacidad sin utilizar. Según explicó ante la Justicia, «la capacidad instalada quedó sensiblemente sobredimensionada respecto de la demanda actual». Esto obligó a seguir afrontando costos fijos de alquiler, energía, mantenimiento y personal que el negocio ya no podía absorber, «deteriorando mes a mes el flujo de fondos de la compañía».
A ese escenario se sumaron el encarecimiento de la harina, los servicios y los salarios, el elevado costo financiero y las dificultades para acceder al crédito. La empresa sostuvo que esos incrementos no podían trasladarse completamente a los precios sin perder todavía más ventas. La combinación de esos factores provocó, según reconoció, un «progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos de la Sociedad».
La conclusión fue terminante. «La compañía advierte la imposibilidad de continuar operando», señaló en el escrito presentado el 2 de octubre. Por eso, consideró que «no existe a la fecha otra alternativa que peticionar su propia quiebra».
Mientras se resolvía el pedido de quiebra, la sindicatura incorporó al expediente un nuevo informe sobre la situación económica de Pan Danés correspondiente a junio y julio de 2026. Los números muestran que la cadena todavía mantenía un volumen importante de actividad durante los meses previos al cierre. En junio facturó $413,9 millones y en julio registró ventas brutas por $404,7 millones. Sin embargo, esos ingresos no fueron suficientes para revertir los problemas financieros acumulados.
En junio, las entradas totales alcanzaron los $420,2 millones y los egresos fueron de $409,2 millones. En julio, la empresa informó ingresos por $434,7 millones y salidas por $412,5 millones. Entre los principales gastos de ese mes figuraban $147,6 millones en remuneraciones, $80,4 millones destinados a proveedores, $49,5 millones en alquileres y $34,7 millones en servicios.
El informe también revela que los socios continuaron aportando recursos. En julio, Pan Danes A.P.S., la sociedad danesa que participa en el capital de la empresa argentina, realizó un aporte de u$s20.000, equivalente a $29,15 millones. En marzo ya había efectuado otra integración de capital por u$s29.500.
La situación laboral también mostraba cambios. En junio, Pan Danés declaró 128 empleados, mientras que en julio la nómina se redujo a 117 trabajadores.
Otro de los puntos delicados seguía siendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales. Según la sindicatura, la compañía incorporó a planes de facilidades de pago $96,9 millones por aportes y contribuciones de junio y otros $49,2 millones correspondientes a julio, ambos en 18 cuotas. También incluyó otras obligaciones impositivas en planes de pago. Sin embargo, la sindicatura advirtió que no se habían exhibido constancias de cancelación de determinados conceptos previsionales y solicitó que se intimara a la empresa a regularizar su situación.
A estos reclamos se sumó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió al juzgado que intimara a Pan Danés a acreditar su incorporación a un plan de facilidades de AGIP, luego de que la compañía solicitara autorización para adherirse al régimen sin demostrar que el trámite se hubiera concretado.
Fundada en 2016 por Lise Lundme Funch, la cadena había comenzado con la elaboración artesanal de pan en una cocina alquilada de San Telmo y llegó a desarrollar una red de 25 sucursales. El crecimiento se frenó con la caída del consumo y el aumento de los costos, hasta que el pasado 2 de octubre cerró todos sus locales y solicitó su propia quiebra. Ahora, con esa solicitud rechazada, la posibilidad de evitar la liquidación dependerá de que algún acreedor, inversor o una eventual cooperativa de trabajadores presente una propuesta que consiga el respaldo necesario para avanzar con el salvataje.