El país adhirió a un pronunciamiento de 15 naciones sobre exceso de capacidad en sectores manufactureros y a una declaración trilateral con Estados Unidos y México para retirar bienes producidos con trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. Ambos documentos se difundieron tras la reunión del G20 en Milwaukee.
Argentina firmó dos declaraciones en el marco de la reunión del G20 celebrada la semana pasada en Milwaukee, Estados Unidos. La primera, suscrita junto a otros 14 países, aborda la sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros clave. La segunda, acordada con Estados Unidos y México, se enfoca en la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Declaración sobre sobrecapacidad industrial
El texto, difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, fue firmado por Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.
La declaración señala que la producción en determinados sectores supera de manera persistente la demanda mundial. Según el documento, ese escenario es creado, sostenido o impulsado por políticas e intervenciones gubernamentales que mantienen una oferta artificial por encima de lo que los mercados necesitan.
El texto no menciona países específicos, pero describe un modelo productivo que, según los firmantes, no existiría bajo condiciones normales de mercado. Los ministros indicaron que esta dinámica altera precios y patrones de producción a escala global, desalienta inversiones y afecta las exportaciones basadas en condiciones competitivas reales.
El grupo manifestó inquietud por la capacidad instalada actual o proyectada en cinco sectores: autos y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
Los firmantes advirtieron sobre el desplazamiento de fabricación local, la destrucción de empleos y el debilitamiento de economías enteras. Además, incorporaron un argumento de seguridad económica: cuando la producción se concentra en un solo país, los socios comerciales quedan más expuestos a la dependencia y a posibles restricciones arbitrarias a las exportaciones.
Los ministros pidieron poner fin a políticas y prácticas ajenas al mercado que contribuyen a la sobrecapacidad. Asimismo, reconocieron que un número creciente de países ya adopta medidas defensivas para proteger a sus industrias, trabajadores y economías frente a esas distorsiones.
Los firmantes resolvieron crear plataformas específicas para analizar el problema en cada uno de los cinco sectores priorizados. Funcionarios de alto nivel ya iniciaron conversaciones al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Antes de diciembre de 2026, los equipos técnicos deberán acordar términos de referencia, intercambiar información no confidencial sobre la sobrecapacidad y sus efectos, e identificar vacíos de datos. El objetivo declarado es evaluar acciones eficaces y, cuando sea posible, complementarias para limitar el impacto sobre el comercio y el empleo.
El texto retomó un debate que el G20 ya había planteado en 2016, cuando los líderes reconocieron que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían distorsionar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial. Diez años después, los ministros afirmaron que el problema se agravó y extendieron el reclamo a nuevas industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.
Declaración contra el trabajo forzoso
Junto con Estados Unidos y México, Argentina suscribió una declaración que plantea la necesidad de retirar de las cadenas globales de suministro los bienes elaborados con trabajo forzoso.
Las autoridades señalaron que esa modalidad vulnera derechos humanos básicos y, a la vez, crea un problema comercial al permitir beneficios indebidos para quienes la utilizan.
El texto conjunto afirma: «La presencia sostenida de mercancías producidas con trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, junto con la falta de mecanismos que impidan su comercio internacional, afecta negativamente al intercambio mundial y debilita la confianza en la equidad del sistema comercial».
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 28 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en el mundo en 2021. La cifra representó un alza cercana al 10% respecto de los cinco años anteriores, con 2,7 millones de personas adicionales en esa situación.
Según la declaración trilateral, los productos elaborados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una ventaja artificial de precios, lo que altera la competencia de raíz, perjudica a las empresas que no recurren a esa práctica y debilita las políticas de protección laboral que los países implementan internamente.
Los tres países instaron a reforzar las medidas nacionales y a profundizar la cooperación internacional para impedir la importación o venta de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. Además, propusieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones específicas sobre el impacto de esa práctica y facilitar el intercambio de información sobre cadenas de suministro bajo riesgo.
También plantearon permitir que los países compartan mecanismos de control y verificación para identificar productos elaborados bajo explotación laboral antes de que ingresen a los mercados.