El gobierno británico citó a Mariana Plaza en Londres para expresar su rechazo a la intimación argentina por el proyecto Sea Lion. La Cancillería argentina instruyó a sus embajadas para aclarar que el procedimiento no busca resolver la soberanía de Malvinas.
El Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su rechazo a la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas. La convocatoria fue el lunes, pero Plaza asistió el martes, según informó la ministra Uma Kumaran, subsecretaria Parlamentaria de Estado.
En una declaración, Kumaran afirmó: «Esta semana dejamos claro a la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable». Agregó que «son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado. Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido».
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, no difundió la convocatoria. La embajadora Plaza había pedido instrucciones a la Cancillería, pero Quirno no respondió, según fuentes oficiales.
Ante la presentación argentina, el Gobierno instruyó a todas sus embajadas en el mundo para explicar que el procedimiento iniciado contra el Reino Unido no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que se refiere al proyecto Sea Lion. «Había una fuerte confusión en todas las embajadas del mundo», señalaron fuentes oficiales.
La estrategia argentina incluye una intimación formal al Reino Unido para que adopte, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona. Si Londres no cumple, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
El proyecto Sea Lion está vinculado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La presentación argentina se realiza mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En el Gobierno argentino existe conciencia de que el procedimiento no tendrá una resolución rápida. Según funcionarios, el objetivo es «mostrar que algo están haciendo y que no se quedan de brazos cruzados», aunque en la práctica «esto es pura diplomacia gestual, porque no habrá efectos prácticos». Otro objetivo mencionado es obtener un logro diplomático con miras a las elecciones presidenciales de 2027.
La Cancillería argentina también incorporó a su argumentación las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, en especial la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por la ONU.
Además, la Casa Rosada informó que detectó operaciones de THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica que, según el Gobierno, no contaba con autorización argentina. El presidente Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
La ofensiva contra Sea Lion combina una etapa política inmediata de comunicación internacional y una etapa judicial más lenta. La incógnita es cuánto podrá avanzar la vía jurídica frente a un Reino Unido que previsiblemente rechazará el planteo.