La presidenta del Congreso, Francina Armengol, afirmó este martes que no recibió órdenes ni presiones para contratar mascarillas durante su presidencia en Baleares y cuestionó la petición de dimisión del PP.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas por parte del Gobierno balear a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo. Armengol afirmó que no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama para contratar a esa empresa ni para no reclamar la devolución de parte del material.
La comparecencia se produjo después de que el Partido Popular, a través de su portavoz Miguel Tellado, registrara el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando presidía Baleares.
Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario». Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», declaró.
Sobre la contratación, Armengol sostuvo: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Agregó que en sus ocho años como presidenta de Baleares y cuatro del Consell Insular de Mallorca nunca dio instrucciones para contratar a una empresa u otra.
Armengol explicó que Baleares compró mascarillas «legalmente» con «contratos bien hechos». Detalló que se trató de un contrato de 3,7 millones de euros para mascarillas vendidas como FFP2, adquiridas en abril de 2020 por decisión del servicio de salud autonómico. Posteriormente, el Gobierno envió las mascarillas al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Según su relato, los resultados indicaron que no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas, por lo que se decidió almacenarlas y reclamar a la empresa la diferencia de precio. La reclamación se hizo antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma», según Armengol.
La presidenta del Congreso también indicó que la responsabilidad de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas corresponde ahora al nuevo Ejecutivo balear, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», afirmó.
La Fiscalía europea ha abierto una investigación contra Armengol por malversación de contratos en el marco del caso Koldo.