La presidenta del Congreso, Francina Armengol, afirmó este martes que durante su presidencia del Govern balear no recibió órdenes ni presiones de la trama Koldo para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. El PP registró una petición de dimisión por «sospechas» en la gestión de esos contratos.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas que su Govern realizó a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo. En su intervención, Armengol afirmó que no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama para contratar a esa empresa ni para no reclamar la devolución de parte del material.
La comparecencia se produjo después de que el PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registrara el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando presidía Baleares. Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
La presidenta del Congreso aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», declaró.
Sobre la contratación, Armengol sostuvo: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Añadió que en sus ocho años al frente de la comunidad autónoma y cuatro del Consell Insular de Mallorca nunca dio instrucciones para contratar a una empresa u otra.
Armengol explicó que Baleares compró mascarillas «legalmente» con «contratos bien hechos» en abril de 2020, durante la pandemia. Se refirió a un contrato de 3,7 millones de euros para la compra de mascarillas vendidas como FFP2. Según su relato, el Gobierno envió las mascarillas a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Los resultados indicaron que no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas, por lo que los servicios de salud decidieron almacenarlas y reclamar a la empresa la diferencia de precio. Esa reclamación se hizo antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma», según Armengol.
La presidenta del Congreso también señaló que la responsabilidad de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas corresponde ahora al nuevo Ejecutivo, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», manifestó.
En la misma jornada, la Fiscalía europea abrió una investigación contra Armengol por malversación de contratos, según se informó.