Los bancos públicos y privados implementan programas de refinanciación para clientes con saldos impagos en créditos personales y tarjetas de crédito. Las propuestas incluyen plazos de hasta 120 meses y tasas fijas, mientras el debate sobre la intervención estatal continúa en el Congreso.
El Presidente Javier Milei mencionó en varias oportunidades que el problema de la morosidad tiene que ver con una solución entre privados sin intervención del Estado. Desde la oposición se presentaron, por lo menos, 30 proyectos de ley para ser tratados en el Congreso de la Nación.
Luego de que estallara la polémica por el aumento de la mora, los bancos comenzaron a enviar propuestas para refinanciar saldos impagos de créditos personales y de tarjetas a sus clientes, con el objetivo de solucionar el problema desde sus propias entidades y sin intervención del Gobierno.
Propuestas de los bancos para financiar la deuda de sus clientes
El Banco Nación Argentina (BNA) lanzó hace dos meses su Programa de Regularización para situaciones desde 3-5 meses hasta 120 meses, con una TNA del 12% para quienes acrediten haberes en el banco y del 14% para el resto, consolidación hasta $100 millones y trámite 100% virtual.
Desde agosto, el Banco Provincia de Buenos Aires estructuró el plan «Ponete al Día» con refinanciaciones hasta 72 meses y una tasa de interés del 31% anual para mora avanzada con sobreendeudamiento, con quitas de capital posibles. El plan ya lleva más de 100.000 operaciones por unos 390.000 millones de pesos.
Desde julio, por una ley aprobada por la Legislatura de CABA, varios bancos públicos y privados comenzaron a refinanciar esas deudas. Se trata del «Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal» de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado el 10 de julio en la legislatura porteña tras una negociación con el Gobierno a cargo de Jorge Macri. El sistema es similar al que puso en funcionamiento el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, en junio.
Las entidades adheridas al programa son: Ciudad, Galicia, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA y Piano.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo de refinanciación es de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realiza directamente ante el Banco Ciudad o en la entidad financiera adherida al acuerdo.
Falta de intervención del Estado en la problemática de la morosidad
El debate por la no intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. El Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento de la morosidad a niveles récord.
Desde el BCRA descartan la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores. La apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y a que los bancos otorguen planes de refinanciación sostenibles para las familias que sufren atraso en los pagos.
Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias como ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales. «El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones», explicaron a iProfesional desde una de las entidades bancarias.
En el análisis de riesgo de los bancos figura un dato que indica que las carteras irrecuperables de los bancos llegan a un 18% del total de la mora. Esta categoría comprende a todas las personas que el banco o una entidad no financiera pasa a pérdida el crédito y se lo vende a una compañía encargada de litigar o presionar al deudor para que cumpla sus pagos. A este cliente se lo considera perdido pero sigue figurando como moroso.
Un 3% de los morosos del país están fallecidos y representa un 1,5% del total de la cartera de personas en mora, pero se contabiliza dentro de la mora bancaria. La mayoría aparece como morosa porque al morir la persona dejó de pagar esa deuda y a los 90 días entra en la categoría de morosos, pero no necesariamente porque hayan sido deudores en vida.