La administración nacional prorrogó hasta el 15 de septiembre el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de venta de AySA. La decisión se tomó a dos días del vencimiento original, tras solicitudes de potenciales interesados que pidieron más tiempo para completar la documentación.
El Gobierno nacional postergó el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La nueva fecha límite para la presentación de ofertas es el 15 de septiembre de 2026, en lugar del 27 de agosto.
La prórroga fue anunciada dos días antes del vencimiento original, luego de que potenciales compradores solicitaran más tiempo para completar los requisitos. La decisión no modifica las condiciones centrales de la venta, sino que otorga un plazo adicional de 19 días.
Requisitos técnicos para los oferentes
Uno de los puntos más relevantes del pliego es la exigencia de que el operador técnico demuestre experiencia simultánea en servicios de agua potable y saneamiento cloacal. Durante el período de consultas, un interesado preguntó si podía acreditar experiencia en solo uno de los servicios, y la respuesta oficial fue negativa.
El operador debe acreditar antecedentes en ambos servicios durante al menos cinco años continuos dentro de la última década. Además, la experiencia debe haberse desarrollado en un centro urbano de más de 1,5 millones de habitantes y sobre una operación que alcance a un mínimo de 500.000 usuarios.
Esta condición restringe el universo de empresas que pueden presentarse de manera individual y obliga a los candidatos que no cumplan los requisitos a asociarse con un operador especializado.
Participación accionaria del socio técnico
El pliego permite que los interesados se agrupen para participar. Sin embargo, si un consorcio necesita recurrir a otra compañía para acreditar la experiencia, ese operador deberá involucrarse accionariamente en el capital de AySA. El socio técnico no podrá limitarse a aportar los antecedentes y retirarse luego de la licitación.
Según las nuevas reglas, el operador que permita acreditar la capacidad técnica deberá conservar una participación mínima del 15% durante los tres primeros ciclos tarifarios. Su eventual reemplazo estará sujeto a las condiciones previstas en el contrato y deberá garantizar que el nuevo operador cumpla con las exigencias correspondientes.
Entre los grupos que analizaron la operación se encuentran el Grupo Roggio y el empresario Mauricio Filiberti. Ambos podrían presentar ofertas asociados con operadores internacionales del sector sanitario.
Condiciones financieras
Cada participante deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta por 25 millones de dólares y sostener su propuesta durante 120 días desde la apertura de la primera etapa. El Gobierno no estableció un precio base para la venta.
Proceso en etapas
La licitación se estructura en dos etapas. La primera evalúa los antecedentes legales, técnicos, patrimoniales y financieros de cada competidor. Solo los candidatos que superen esa instancia accederán a la apertura de las propuestas económicas.
El Ministerio de Economía habilitó un data room con información sobre AySA y la concesión para que los candidatos puedan realizar su propia valuación. También se contemplan visitas a las instalaciones.
La Resolución 704/2026 establece que queda exclusivamente a cargo de cada interesado realizar las investigaciones, análisis y estimaciones necesarias para formular su propuesta. La presentación de una oferta supone que el candidato conoce la información disponible y evaluó los activos, contratos, cuestiones laborales, litigios y otras contingencias.
Antecedentes
AySA fue creada en marzo de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la concesión que desde 1993 estaba en manos de Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. En ese momento, el Estado se quedó con el 90% del capital y el 10% restante fue destinado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
Durante los años siguientes, la compañía amplió su área de concesión, incorporó municipios y desarrolló obras con financiamiento público. El gobierno de Javier Milei la incluyó entre las empresas sujetas a privatización y avanzó con cambios en el marco regulatorio y en las condiciones de la concesión antes de lanzar la licitación internacional.
El plazo extendido vence el 15 de septiembre. Para esa fecha, los candidatos deberán haber definido quién aporta la experiencia técnica, cómo queda conformado el consorcio, si cumple las condiciones financieras y qué valuación surge de la información revisada.