La mora de los hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema financiero, con un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes que recurren a billeteras virtuales y fintech. Mientras el Banco Central descarta fijar tasas máximas y apuesta a que el crédito y las refinanciaciones ayuden a normalizar los pagos, los menores de 25 años registran una tasa de mora del 36,8% en estas plataformas.
La morosidad de los hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema financiero argentino, con un impacto particular entre los jóvenes que utilizan billeteras virtuales y fintech. Según datos de la consultora CEPA, en Argentina hay 19,7 millones de personas con deudas, y la mora en billeteras virtuales es tres veces mayor que en los bancos tradicionales. Dentro de este grupo, el 25% no puede pagar sus deudas, y la tasa de mora más alta se registra entre menores de 25 años, con un 36,8%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) descartó la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores. Desde el equipo económico, según una fuente cercana a la Casa Rosada, consideran que «intervenir en el tema desde el Estado implicaría trasladar recursos públicos para resolver una cuestión entre privados y esto generaría un riesgo moral al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores».
El ministro de Economía, Luis Caputo, al ser consultado sobre el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 400% al 700% que cobran algunas billeteras virtuales, afirmó: «Son tasas abusivas pero no hay nada que les impida hacerlo y no creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo». Agregó: «Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo un negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas».
Según estimaciones del equipo económico, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20% y 25% anual a tres años de plazo para morosos. Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales. «El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro», explicaron a iProfesional desde un banco extranjero.
La deuda en billeteras digitales supera el 27% de la cartera total, según datos de la consultora CLAVES SA, a cargo del economista Nelson Pérez Alonso. El economista explicó: «En algunos casos, los préstamos personales dentro de las apps arrancan desde tasas superiores al 70% anual y pueden escalar según el perfil del cliente. El problema es que cuando una persona deja de abonar las cuotas de un préstamo o financiamiento digital, el proceso suele comenzar con una etapa conocida como mora temprana y durante los primeros 30 a 60 días de atraso, las empresas intentan evitar que la deuda crezca mediante mensajes automáticos, llamados telefónicos, mails y propuestas de refinanciación».
Desde Mercado Pago señalaron que «el objetivo es acompañar al usuario para regularizar su situación y permitirle volver a acceder a financiamiento en el futuro». Otras billeteras digitales reconocen que ofrecen alternativas de pago y refinanciación para evitar que la deuda llegue a instancias judiciales.
Cuando la deuda supera los 31 días de atraso, la fintech puede informar la situación al Banco Central, lo que afecta el historial financiero del cliente. Si la mora continúa más allá de los 60 o 90 días, muchas empresas derivan el caso a estudios de cobranza externos. Entre las agencias identificadas por el BCRA aparecen GEDCO, Contacto Garantido, Latam Collect, Paktar, Ostengo, We Cross y Zolvex.
Se multiplicaron testimonios en redes sociales sobre prácticas de cobranza que incluyen llamados a áreas de Recursos Humanos de empresas donde trabajan los deudores, así como contactos con exparejas, familiares y empleados. La normativa de Defensa del Consumidor considera abusivo reclamar una deuda amenazando con comunicarse con el empleador o con terceros ajenos a la relación de consumo.
Según el estudio de CEPA, la morosidad se distribuye de la siguiente manera por tipo de prestamista: proveedores no financieros de crédito (47,8%), tarjetas no bancarias (33,27%), neobancos (23,34%), bancos privados (18,61%) y bancos públicos (10,13%). Los sectores que lideran la morosidad a nivel general son construcción (7%), alojamiento y servicios de comida (6,9%), comercio al por mayor y al por menor (5,1%) y salud humana y servicios sociales (4,6%).
Las provincias con morosidad más alta son La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%). En contraste, los distritos con niveles más bajos son La Pampa (9,1%), CABA (10,1%) y Santa Fe (12,4%). Solo tres jurisdicciones (CABA, Neuquén y Santa Fe) tienen menos del 25% de sus deudores en situación irregular.
Si bien los bancos ya lanzaron propuestas para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y créditos personales, por ahora las billeteras digitales no muestran la posibilidad de lograr una refinanciación. Las quejas de los clientes siguen aumentando, así como la morosidad.