La mora récord en la Argentina trasciende el ámbito privado, según expertos y consultoras, y comienza a condicionar la recuperación económica. El debate sobre la necesidad de intervención estatal se instala en el centro de la discusión.
La fuerte suba de la mora en la Argentina comenzó como un problema entre deudores, bancos y billeteras virtuales, pero su magnitud abrió una discusión más amplia: ¿en qué momento una crisis entre privados deja de ser solamente un asunto del mercado y obliga al Estado a intervenir?
El interrogante fue planteado por el experto en mercados Javier Timerman, quien recordó que distintas crisis financieras internacionales, desde la caída del fondo Long-Term Capital Management hasta el colapso de Lehman Brothers y la crisis bancaria europea, tuvieron su origen en operaciones entre privados, pero terminaron requiriendo algún tipo de intervención pública para evitar consecuencias sistémicas.
El punto es especialmente relevante para la Argentina. Según Econviews, en base a datos del BCRA, el 12,8% de los préstamos bancarios otorgados a las familias y el 29% del financiamiento no bancario están en mora. En total, alrededor de seis millones de personas atraviesan esa situación.
La consultora considera que el problema ya adquirió una dimensión macroeconómica porque no se limita a las pérdidas que puedan afrontar bancos, fintechs o billeteras. Cuando millones de hogares deben destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de deudas, o directamente dejan de pagarlas, también reducen su consumo.
La caída de la demanda debilita la actividad, deteriora los ingresos y puede retroalimentar la morosidad. Por lo tanto, el problema todavía no amenaza la solvencia bancaria, pero ya condiciona la recuperación económica.
Cuándo una crisis privada se vuelve sistémica
Para Gustavo Gardey, especialista en Mercado de Capitales y cofundador de Bull Road Investments, la frontera aparece cuando una crisis comienza a afectar transversalmente al sistema financiero, rompe la cadena de pagos y amenaza el funcionamiento de la economía real.
«Una crisis entre privados deja de ser un problema solamente del mercado y pasa a ser un problema en el que debe intervenir el Estado cuando es sistémica, genera una ruptura en la cadena de pagos y un colapso de la actividad económica», explicó Gardey.
El punto más delicado aparece cuando el deterioro rompe la confianza de los depositantes. Los bancos funcionan con un sistema de encajes fraccionarios: conservan líquida solo una parte del dinero depositado y prestan el resto. El mecanismo es sostenible mientras los ahorristas confíen en que podrán retirar sus fondos cuando los necesiten.
«Cuando se genera una corrida bancaria sistémica, se quiebra la confianza en el sistema financiero y todo el mundo sale a buscar sus depósitos. Como los bancos no tienen la totalidad de esos depósitos disponible, eso genera pánico», señaló Gardey.
Federico Glustein, economista, amplió esa definición. A su juicio, estas crisis no deberían analizarse únicamente como conflictos entre empresas, bancos o personas, sino como episodios que comprometen el funcionamiento del sistema económico en su conjunto.
«Deja de ser un problema del mercado cuando la resolución requiere de un jugador más grande, el Estado, que pueda intermediar o rescatar a los actores involucrados para evitar un colapso», explicó.
En ese escenario, la intervención pública no busca solamente sostener a una entidad financiera. Su finalidad es impedir que la crisis alcance a empresas, trabajadores, ahorristas y consumidores y produzca, en palabras de Glustein, «una descomposición de la sociedad en su conjunto».
La conexión entre la mora récord y la economía real
Las miradas de Gardey y Glustein coinciden en un punto central: la señal decisiva no es simplemente que aumenten los incumplimientos, sino que el problema financiero comience a paralizar la economía real.
Glustein advirtió que esa transmisión puede ser especialmente intensa en países donde existe una fuerte vinculación entre ambos sectores. Si una crisis reduce la capacidad de los bancos para prestar, las empresas pierden financiamiento para producir, invertir o pagar salarios. Los hogares, por su parte, ven restringido el acceso al crédito y el mapa del consumo presenta caídas por el ajuste.
«La necesidad de intervención estatal no radica en salvar a un banco, sino en evitar el colapso de la economía real», sostuvo Glustein, al recordar experiencias como las crisis internacionales de 2008 y 2011 y la argentina de 2001.
Econviews encuentra una primera manifestación de ese mecanismo en la coyuntura local. La mora todavía no provocó una corrida ni una crisis bancaria, pero el deterioro de las finanzas familiares ya está afectando al consumo. Además, el aumento de los incumplimientos lleva a las entidades a endurecer sus condiciones de otorgamiento, lo que limita la recuperación del crédito.
La Argentina habría atravesado así la primera frontera: la mora todavía no es sistémica, pero dejó de ser exclusivamente privada porque ya genera consecuencias sobre la actividad.
Intervenir no significa necesariamente rescatar
La discusión pasa entonces por definir qué tipo de intervención corresponde y quién debe absorber las pérdidas.
Econviews considera que no sería razonable que los contribuyentes terminen pagando las tarjetas de quienes se endeudaron por encima de su capacidad o los errores de evaluación cometidos por bancos y billeteras. Sin embargo, también sostiene que el Estado no debería permanecer indiferente ante una morosidad capaz de afectar a la economía.
Una alternativa sería modificar las regulaciones para facilitar la renegociación de las deudas y permitir que quienes regularicen su situación recuperen más rápidamente el acceso al crédito.
Gardey coincidió en que la respuesta no debería ser un salvataje directo. Su escenario más probable es una intervención indirecta, mediante cambios impositivos, monetarios y regulatorios que mejoren las condiciones para refinanciar.
«El Gobierno no se va a meter a inyectar plata de forma directa para solucionar el problema. Lo que va a hacer es mejorar las condiciones y flexibilizar regulaciones para permitirles a los bancos tener más herramientas», afirmó Gardey.
Glustein, en cambio, puso mayor énfasis en la responsabilidad preventiva del Estado. Considera que muchas crisis se producen después de períodos en los cuales las autoridades reducen su capacidad de regulación, control y equilibrio dentro de mercados que funcionan con fuertes desigualdades entre sus participantes.
Desde su mirada, la intervención no debería comenzar únicamente cuando el colapso es inminente. El Estado también debe actuar como regulador y establecer límites que eviten que los desequilibrios se acumulen.
«Se necesita de los Estados participando de forma activa, ya sea como jugador de última instancia o como actor contralor que plantee normas para que no colapse el sistema económico local», afirmó el economista.
La diferencia es principalmente de énfasis. Gardey concentra su análisis en las herramientas necesarias para resolver el problema actual sin un rescate fiscal. Glustein, en tanto, advierte que la regulación previa también es determinante para evitar que las decisiones de los actores privados terminen generando costos públicos.
El costo del crédito, en el centro del problema
Para Gardey, una parte de la mora actual se explica por el período en el que las tasas de interés superaron ampliamente a la inflación. Durante aproximadamente tres meses, señaló, las tasas llegaron a ubicarse por encima del 100%, frente a una inflación cercana al 32%.
Ese desfasaje elevó con fuerza el costo de las cuotas y de las refinanciaciones, tanto para las familias como para las empresas. Muchos deudores no pudieron cancelar sus obligaciones y debieron renovarlas, acumulando intereses sobre un capital cada vez más difícil de afrontar.
A ese problema se suma la carga impositiva sobre los préstamos. Según el especialista, el componente tributario puede agregar alrededor de 20 puntos a la tasa nominal y tener un impacto todavía mayor cuando se incorporan la capitalización mensual y otros costos financieros.
«Es un problema muy grave, porque solamente la pata impositiva puede cubrir prácticamente toda la inflación proyectada para los próximos 12 meses», advirtió Gardey.
Desde esta perspectiva, reducir los impuestos sobre el crédito permitiría bajar el costo de las cuotas sin transferir directamente recursos públicos a los deudores. También daría margen para que los bancos reduzcan tasas y extiendan plazos.
El riesgo de premiar al que no paga
Una refinanciación generalizada, sin embargo, presenta otro inconveniente: el riesgo moral, conocido en el mercado como moral hazard.
Si los bancos ofrecen condiciones mucho más favorables exclusivamente a quienes dejaron de pagar, los clientes que mantienen sus obligaciones al día podrían encontrar un incentivo para interrumpir los pagos y acceder al mismo beneficio.
«Si salgo a refinanciar a mansalva, el que me está pagando puede querer dejar de hacerlo para que lo refinancie también», explicó Gardey al describir la posición de las entidades.
Por eso, los bancos avanzan con renegociaciones selectivas, evaluando individualmente la situación de cada cliente. El Gobierno, en cambio, podría impulsar una reducción general del costo del financiamiento que alcance tanto a quienes están al día como a quienes necesitan reestructurar sus deudas.
La diferencia no es menor. Una refinanciación indiscriminada puede deteriorar la cultura de pago y trasladar las pérdidas hacia los buenos deudores. Pero una respuesta demasiado limitada también puede dejar a millones de personas fuera del sistema financiero y profundizar la contracción del consumo.
Glustein incorporó otra dimensión distributiva al sostener que, ante las grandes crisis, los actores con mayor tamaño y capacidad de negociación suelen salir menos afectados que los pequeños. Por eso, considera que el diseño de cualquier intervención debe evaluar no solo la estabilidad del sistema, sino también cómo se distribuyen sus costos.
¿Más liquidez para refinanciar?
Gardey señaló que el Gobierno dispone de varias herramientas para facilitar una salida sin recurrir a un rescate directo.
Una posibilidad sería que el Tesoro renueve menos del 100% de los vencimientos de deuda en pesos y devuelva liquidez al mercado. Otra sería flexibilizar encajes o determinados requisitos de liquidez para que los bancos dispongan de más recursos para prestar y refinanciar.
El desafío es que una reducción de encajes también disminuye el colchón líquido de las entidades. Por eso, cualquier modificación debería preservar la capacidad de los bancos para responder ante eventuales retiros de depósitos.
El Gobierno enfrenta así un dilema: aportar liquidez puede facilitar las refinanciaciones y evitar que la mora siga creciendo, pero una relajación excesiva también puede aumentar los riesgos financieros o complicar el control monetario.
El debate por los créditos en dólares
El otro punto de tensión es la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no generan ingresos directamente en moneda extranjera.
Gardey tiene una visión favorable. Considera que, en una economía sin cepo, una empresa que factura en pesos puede comprar los dólares necesarios para cancelar sus obligaciones. También sostiene que el equilibrio fiscal, la menor emisión monetaria y el crecimiento de las exportaciones pueden contribuir a mantener un tipo de cambio más estable y reducir el riesgo de descalce.
Econviews adopta una postura más cautelosa. La consultora recuerda que las restricciones a los préstamos en dólares fueron implementadas después de la crisis de 2001, precisamente para evitar que quienes generan ingresos en pesos queden expuestos a una devaluación.
La nueva regulación autoriza a los bancos a prestar hasta el 15% de los depósitos en dólares a empresas que no sean exportadoras. Esos créditos tendrán mayores exigencias de capital y criterios de evaluación más estrictos, por lo que Econviews no considera que la medida genere un riesgo inmediato importante.
No obstante, advierte que convertir esta flexibilización en el primer paso hacia una apertura más amplia sería «un gran error».
El contrapunto expone dos formas de interpretar la misma medida. Para Gardey, los depósitos en dólares pueden convertirse en una fuente de financiamiento más económica para reactivar la actividad. Para Econviews, el riesgo consiste en reconstruir gradualmente el descalce de monedas que tantas crisis generó en la Argentina.
La advertencia regulatoria de Glustein también resulta aplicable a este debate: cuando existe una desigualdad importante entre la capacidad de los actores para asumir y trasladar riesgos, el Estado debe establecer límites antes de que el desequilibrio alcance dimensiones sistémicas.