La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para comprar mascarillas y rechazó las peticiones de dimisión del PP.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material. En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol dio por primera vez explicaciones públicas sobre la compra que su Ejecutivo hizo a la empresa Soluciones de Gestión, actualmente investigada.
El PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando ella era presidenta de Baleares. Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
Armengol aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
En su defensa, Armengol sostuvo: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Agregó que en sus ocho años de gobierno autonómico y cuatro en el Consell Insular de Mallorca, «jamás» dio instrucciones para contratar a una empresa específica.
Armengol explicó que Baleares «compró legalmente» con «contratos bien hechos» durante la pandemia. «En este concreto caso, de lo que se está hablando es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2, y nosotros, la comunidad autónoma, decidido por el servicio de salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas. Estábamos en abril de 2020», detalló.
Según su relato, el Gobierno envió las mascarillas a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Los resultados indicaron que no eran «mascarillas malas ni fake», sino que no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas. Por ello, se decidió almacenarlas y reclamar a la empresa la diferencia de precio. Armengol recordó que la reclamación se hizo antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma».
Finalmente, Armengol señaló que la «responsabilidad» de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas recae ahora en el nuevo Ejecutivo de Baleares, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», concluyó.