El gobierno porteño fue habilitado por la Legislatura para tomar deuda de hasta u$s1.350 millones, utilizando los recursos de la coparticipación federal como garantía.
El gobierno de Jorge Macri ya tiene la herramienta legal para salir a buscar el financiamiento de la Línea F del subte luego de haber sido habilitado por la Legislatura porteña a tomar deuda por hasta u$s1.350 millones.
Se trata de una de las decisiones más sensibles del proyecto y que se vincula con la posibilidad de que la Ciudad pueda utilizar los recursos que recibe por coparticipación federal como garantía de los préstamos que cierre para llevar a cabo esa mega obra. La posibilidad quedó establecida en la Ley 6.960, sancionada por la Legislatura porteña y promulgada por el Ejecutivo a principios de la semana pasada.
La norma habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas a negociar garantías incondicionales e irrevocables y afectar recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal para respaldar las obligaciones vinculadas con los créditos que se consigan para la obra. La garantía podrá cubrir hasta u$s1.350 millones, o su equivalente en pesos, otras monedas o unidades de valor, además de los intereses y otros conceptos que queden establecidos en los contratos de financiamiento.
Con una obra que demandará varios años y una necesidad de financiamiento extraordinaria para la escala de un distrito, la Ciudad busca ampliar el universo de prestamistas y mejorar las condiciones de acceso al crédito. El esquema permite negociar simultáneamente con organismos multilaterales, bancos de desarrollo, agencias de fomento de exportaciones e instituciones financieras locales e internacionales. También abre la posibilidad de emitir títulos de deuda tanto en el mercado argentino como en plazas financieras del exterior.
La Ciudad, de esta manera, no queda atada a un único banco, organismo o mercado al poder armar un rompecabezas financiero que será, precisamente, uno de los puntos centrales de la Línea F. En este sentido, el artículo 8 de la ley es uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema ya que se autoriza al Ejecutivo a negociar y suscribir garantías incondicionales e irrevocables para el repago de los préstamos y a afectar los recursos que recibe la Ciudad a través de la coparticipación federal.
En grandes proyectos de infraestructura, la calidad de las garantías influye sobre el costo del financiamiento y cuanto mayor es la seguridad de repago para el acreedor, mejores pueden ser las condiciones de plazo y tasa. Por eso, el desafío para la administración porteña será conseguir que esa mejora potencial se traduzca efectivamente en condiciones financieras convenientes. En este sentido, la arquitectura aprobada por la Legislatura es deliberadamente amplia si se tiene en cuenta que el Gobierno porteño podrá contraer uno o varios empréstitos de manera directa, indirecta o subsidiaria con organismos multilaterales, entidades bilaterales y regionales de crédito, bancos de desarrollo, instituciones de fomento de exportaciones y otras entidades financieras.
Al mismo tiempo, podrá emitir bonos que tendrán la chance de ser colocados en pesos, dólares, otras monedas o unidades de valor, con tasas que podrán ser fijas, variables o mixtas, mientras que los intereses podrán pagarse trimestral, semestral o anualmente. La amortización también podrá adaptarse a las necesidades de cada operación y la Ciudad podrá devolver el capital en un único pago al vencimiento o distribuirlo en diferentes pagos durante la vida del título. Además, la ley permite emitir distintas clases y series, reabrir colocaciones anteriores y rescatar deuda antes de su vencimiento.
La ley también habilita un esquema jurídico diferente según el instrumento utilizado ya que los títulos que se emitan en el marco del Programa de Asistencia Financiera podrán quedar sometidos a la normativa inglesa, mientras que los eventuales conflictos serán resueltos por los tribunales competentes de Inglaterra. Para las emisiones realizadas dentro del Programa de Financiamiento en el Mercado Local se aplicará, en cambio, la legislación argentina. La posibilidad de recurrir a legislación extranjera apunta a facilitar la colocación de instrumentos entre inversores internacionales.
Por otra parte, el financiamiento de una infraestructura de esta magnitud tiene otro problema vinculado al riesgo cambiario. Para enfrentar ese riesgo, la ley autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de cobertura de monedas y tasas de interés y a contratar seguros. La norma busca darle al Ejecutivo herramientas para administrar esas variables durante la ejecución del proyecto, además de autorizar a invertir transitoriamente los fondos obtenidos hasta su utilización definitiva.
La Ley 6.960 incorpora, además, un mecanismo para administrar los pasivos que se generen por la Línea F permitiendo al Ejecutivo porteño realizar operaciones voluntarias de refinanciación, canje o reemplazo de obligaciones durante la vigencia del proyecto. La condición es que la nueva operación implique una mejora en montos, plazos o intereses respecto de la deuda que se cancela. La ley establece que esas operaciones deberán estar vinculadas exclusivamente con el financiamiento de la Línea F. Además, el Ejecutivo tendrá que informar a la Legislatura cualquier operación de administración de pasivos dentro de los 60 días posteriores a su realización.
Mientras la Ciudad prepara el esquema financiero, el mercado sigue con atención la licitación de una obra que, por monto y complejidad, tiene pocos antecedentes recientes en la infraestructura argentina. Entre las versiones que circulan en el sector aparecen nombres de grandes jugadores ferroviarios internacionales como Alstom, Siemens Mobility y la china CRRC. La escala del proyecto puede impulsar la formación de consorcios entre constructoras, proveedores tecnológicos y fabricantes de equipamiento.
La Línea F forma parte desde hace años de los proyectos de expansión del subte porteño. La nueva traza fue pensada para unir Barracas con Palermo mediante un corredor de 9,8 kilómetros y 12 estaciones, con conexiones con las líneas existentes. La autorización de endeudamiento no significa que la Ciudad ya haya tomado u$s1.350 millones ni que vaya a utilizar necesariamente la totalidad de ese monto. La ley establece un límite máximo y habilita las herramientas mientras que el endeudamiento efectivo dependerá de los contratos que se firmen, los bonos que eventualmente se emitan y las necesidades de financiamiento que marque la ejecución de la obra.