La bodega mendocina Norton enfrenta un concurso de acreedores con un pasivo superior a los u$s41 millones y 367 reclamantes, según informó la justicia de Mendoza.
La bodega Norton, ubicada en Mendoza, registró un pasivo superior a los u$s41 millones en el marco de su concurso de acreedores, según informaron fuentes judiciales. Un total de 367 acreedores se presentaron ante la Justicia para reclamar el pago de deudas, según un informe de la sindicatura del caso.
La jueza interviniente, Lucía Sosa, deberá resolver si autoriza a la compañía a negociar una reestructuración de pagos con los reclamantes. El plazo para impugnaciones vence el 4 de agosto, y la sindicatura presentará un nuevo informe el 13 de octubre. La resolución final está prevista para el 19 de febrero del próximo año.
Entre los acreedores se incluyen la Sociedad de Garantía Recíproca Acindar Pymes, la Administración Tributaria Mendoza, otros organismos recaudadores provinciales como Santa Fe, Chaco, Chubut y Río Negro, y ARCA (ex Afip). También figuran nueve bancos: Nación, BBVA, Supervielle, Galicia, Comafi, San Juan, Bapro, Macro y Santander, además de empresas como las cristalerías Verallia y Cattorini, imprentas, fabricantes de maquinaria agrícola y de bodega, y proveedores de insumos.
La bodega acumula 355 cheques emitidos sin fondos por un monto superior a los 4.530 millones de pesos, y una deuda superior a los $40.000 millones con entidades financieras, según datos del Banco Central. Entre los actores financieros mencionados se encuentran los bancos Supervielle, Comafi, Industrial, Nación, San Juan, Santander, BBVA y Bank of China, así como American Express y MercadoLibre.
Detrás de la crisis financiera subyace un conflicto societario entre los herederos de Gernot Langes Swarovski, fallecido en 2021. Tras su muerte, la bodega pasó a estar bajo una fundación privada, con Diana Langes Swarovski y Michael Halstrick como principales beneficiarios. Halstrick, quien fue CEO de la bodega durante más de 30 años, fue desvinculado a fines de 2023 y posteriormente inició una demanda laboral por despido, convirtiéndose en acreedor del concurso. Luego de su salida, el directorio experimentó renuncias y modificaciones, con parte de la conducción ejercida desde el exterior, lo que obligó a designaciones locales para cumplir con la normativa argentina.