El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer un mecanismo de cierre del Estado similar al «government shutdown» de Estados Unidos, en medio de una caída de la recaudación y un aumento de la deuda flotante.
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al «government shutdown» de los Estados Unidos, es decir, un cierre del Estado mediante el cual este deja de funcionar y de ejecutar gastos. Según informó el mandatario, la iniciativa busca profundizar la disciplina fiscal y evitar desvíos en el equilibrio de las cuentas públicas.
De acuerdo con fuentes oficiales del Ministerio de Economía, la deuda flotante de los primeros cinco meses de 2026 (de enero a mayo) sumó 11,8 billones de pesos. Solo en mayo, la cifra alcanzó los 1,4 billones. La deuda flotante es la ejecución del gasto que el Estado reconoce como registrado y facturado por el proveedor, pero que no ha sido pagado. Esto implica un retraso en los pagos: el proveedor brinda el servicio, el Estado lo registra y lo reconoce, pero posterga el cumplimiento de la obligación.
Milei explicó el proyecto durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura: «Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo…, en realidad, de la política. Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y apagás el Estado. Así que vamos a terminar con eso por ley».
El concepto «government shutdown» remite al sistema estadounidense, donde el cierre parcial o total del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener operativas las agencias federales. En Estados Unidos, el mecanismo está regulado desde hace décadas y contempla servicios esenciales como defensa, seguridad, control aéreo, hospitales y emergencias. La propuesta de Milei establecería por ley que, una vez agotados los recursos presupuestarios asignados, el Estado deje automáticamente de gastar, aunque todavía falta definir cuáles serían los servicios esenciales y no esenciales.
El trasfondo económico del proyecto se refleja en las cuentas públicas. Entre enero y mayo, la deuda flotante del Estado nacional alcanzó los 11,8 billones de pesos, según datos oficiales. Los principales compromisos no pagados se concentraron en transferencias a provincias, con montos que oscilaron entre 419.568,13 millones en mayo y 1.759.296,10 millones en marzo. La deuda con personal y salarios también representó una porción importante, con cifras que fueron desde 299.873,88 millones en mayo hasta 428.532,37 millones en marzo.
En mayo, el Tesoro recaudó 13,2 billones de pesos. De ese total, destinó 7,9 billones a jubilaciones, pensiones y AUH; 1,3 billones al pago de salarios; 2,1 billones al pago de intereses de la deuda; y 500.000 millones a otros gastos. Estos cuatro rubros absorbieron 11,9 billones de pesos, equivalentes a cerca del 86% de la recaudación. El restante 1,4 billón quedó asentado como deuda flotante. Fuentes del Gobierno señalaron que la recaudación es insuficiente y que parte de ella se destina a deudas con proveedores de meses anteriores o a cubrir vencimientos de deuda pública.
La recaudación tributaria de junio registró una caída real del 7,4% en comparación con junio de 2025, lo que redujo aún más la disponibilidad de recursos líquidos. Además, el Gobierno prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros, como los vencimientos de deuda con organismos internacionales y bonos del Tesoro, antes que cancelar obligaciones con proveedores o gastos operativos.
Desde el Gobierno relativizan las diferencias con el modelo estadounidense y sostienen que el proyecto aún está en etapa de elaboración. Voceros oficiales señalaron que «será parecido a lo que ocurre en Estados Unidos» y remarcaron que «cada país define cuáles son sus actividades esenciales». No existen todavía precisiones sobre qué organismos quedarían alcanzados, cuáles continuarían funcionando ni cómo se garantizarían prestaciones como salud, educación, justicia o seguridad.